Foto: El sonajero
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, falló a favor del actual senador Gustavo Petro, haciendo responsable al Estado colombiano por las violaciones a sus derechos políticos, en el marco de la acción de su destitución como Alcalde Mayor de Bogotá e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos.
En la Sentencia, la CIDH asegura que la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, el 9 de abril del 2013, durante el periodo de Alejandro Ordoñez; viola la convención Interamericana: irrespetando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
Frente al hecho, el abogado, Daniel Prado, representante de Gustavo Petro aseguró que esto implica que, «el Estado colombiano debe adecuar la legislación interna para que no se puedan destituir funcionarios de elección popular por vía administrativa, sólo por una sentencia de carácter penal emitida por un juez de la República«.
Finalmente la CIDH ordenó, primero «publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional», es decir, una publicación en el portal web de la Procuraduría General y otra en uno de los periódicos de circulación nacional.
Segundo, publicar la sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nació, y junto a esto en una acción de garantías de no repetición, manifestando que se debe, «adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas«.
También dispuso que se debe hacer entrega de una indemnización Compensatoria, en la que se debe, «pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial, y el reintegro de gastos y costos».
Acto en el que se reconocen 10 mil dólares de reparación y más 18 mil dólares de gastos del proceso, mientras que los abogados del senador pedían una compensación de 40.000 dólares.
Esta orden proferida por los magistrados Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mc Gregor y Pablo Saavedra, no solo modifica la orden dada en el 2013 por el actualmente embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, también pide modificar funciones de la Procuraduría al impedir que esta entidad junto con la Contraloría, puedan retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.
