Fotografía Colprensa.
Continúa la lucha de los campesinos e indígenas del pueblo Misak y Nasa en el departamento del Cauca. Las comunidades del municipio de Cajibío que iniciaron manifestaciones pacificas desde el 27 de julio, para manifestar su desconecto con el despojo de tierras por parte de la empresa Smurfit Kappa y el asesinato del joven de 23 años, Huber Samir Camayo Fajardo.
De acuerdo a la comunidad, la Fuerza Pública y los gobiernos nacionales, departamentales y municipales han vulnerado sus derechos a la protesta social y a la recuperación legitima de sus tierras. El pasado 2 de agosto la comunidad también denunció el asesinato de Huber Samir quien hacía parte de los reclamos por el territorio y quien fue atacado con arma de fuego por miembros de la Policía Nacional.
En contexto: Fuerza Pública habría asesinado a Huber Samir Camayo en Cajibío, Cauca
«El asesinato de Huber Samir Camayo Fajardo, causa una afectación individual que trasciende a lo colectivo, territorial, a la identidad cultural, política, a la organización social, al gobierno propio y la autonomía de los pueblos étnicos y campesinos, en este sentido, el Estado Colombiano debe responder judicial, administrativa, política, social, territorial y comunitariamente» expresó la Comunidad de Cajibío.
La comunidad también rechazó la persecución de la Fuerza Pública y el Estado contra los líderes y lideresas de las movilizaciones en las que reclaman una vivienda digna.
Contaminación, acaparamiento y despojo de tierras por parte de Smurfit Kappa
Comunidades indígenas del pueblo Misak, campesinas y afrodescendientes han tenido que ocupar predios madereros de la empresa Smurfit Kappa, antiguamente llamada Cartón de Colombia. Según las familias, la actuación estatal, que va de la mano con sectores empresariales, ha sido causante de multitudinarios desplazamientos y por eso ahora están en recuperación de los derechos territoriales de una manera autónoma y colectiva entre comunidades de los pueblos étnicos y campesinos en las tierras que titularon a nombre de Smurfit Kappa.
«El Estado Colombiano en complicidad con empresas nacionales y extranjeras han acaparado y despojado tierras históricamente a los pueblos étnicos y campesinos, y que para lograr su objetivo han perpetrado crímenes de lesa humanidad tales como: desapariciones forzadas, masacres, genocidio, violaciones a las mujeres como táctica de guerra, acciones que han dejado un saldo de más de 8 millones de víctimas y más de 6 millones de desplazados de sus territorios por el conflicto armado, eliminación física, política y cultural de quienes nos hemos opuesto a la política de latifundio y de la violencia en Colombia».
Comunidades manifestantes.
Bajo la consigna «Recuperar la tierra, para recuperarlo todo», entre eso, la memoria colectiva, la vida, la paz y el territorio, las familias han exigido al Gobierno Nacional, la protección real de los Pueblos Indígenas en el departamento del Cauca y el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC-EP en 2016.
La comunidad campesina, indígena y afro además, solicitó un espacio de dialogo entre el Gobierno de Iván Duque, la empresa que realiza acaparamiento de tierras y las familias afectadas a fin de buscar una solución que responda con salvaguardar la vida de los Pueblos indígenas.
Piden que predios en manos de Smurfit Kappa vuelvan a propietarios originales
Los Misak y Nasa incluso solicitaron que, Smurfit Kappa oferte sus predios a nombre de las comunidades que se manifiestan, al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior «a fin de garantizar los derechos territoriales de las comunidades solicitantes».
Dentro de los daños de Smurfit Kappa, los manifestantes comentaron que la empresa ha traído impactos negativos al medio ambiente, como la afectación grave de todas las formas de biodiversidad, contaminación de las fuentes hídricas, daños a la flora y fauna nativa, afectaciones sobre la tierra y desertificación de los suelos a causa del uso indiscriminado de fertilizantes y agrotóxicos y otras practicas nocivas.
Por ahora la comunidad continúa con sus esfuerzos por defender sus derechos territoriales y manifiesta que hay temor y zozobra frente a la seguridad privada que ha custodiado a la multinacional por varias décadas.
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