Luego de una fuerte tensión tras un operativo de erradicación forzada en la región de Tibú en el Catatumbo que pretendió ser realizado por el ejército nacional, los campesinos y campesinas de la región exigieron que se cumplan los acuerdos establecidos en torno a sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y se detengan los operativos y la estigmatización por parte de mandos militares.
Los campesinos se habían visto obligados a impedir la circulación de por lo menos 180 integrantes del ejército para que no se realizara una operación de erradicación forzada, dado que este tipo de acciones afectan la vida, la seguridad y la autonomía de las comunidades, que han encontrado en la siembra de la Coca su único medio de sustento, pues la región, a pesar de ser una de las principales regiones de producción petrolera, no cuenta con infraestructura adecuada que permita la diversificación de muchas de las actividades campesinas.
Organizaciones del Catatumbo pidieron frenar estigmatización por parte de las FFMM
Tras varias horas de diálogos en que los campesinos explicaron su situación decidieron dejar circular a los integrantes fe las Fuerzas Militares. Sin embargo, las declaraciones de los altos mandos militares, entre ellos el General Omar Sepúlveda, quien califico a los campesinos como secuestradores y narcotraficantes despertaron la indignación de las organizaciones sociales.
«Señalamientos de Gral Omar Sepúlveda son una calumnia en contra Ascamcat y @COCCAMColombia y de las comunidades campesinas que reclaman ante los incumplimientos del Gobierno Nacional, demuestran el resultado de denominada política “ Paz con Legalidad y Zonas Futuro” denunció la Asociación Campesina del Catatumbo que también señaló que calificarlos como narcotraficantes y secuestradores se configura en el delito de calumnia, aunque no se anunciaron acciones legales en contra del mando militar.
Otra de las organizaciones sociales que se manifestó fue Vivamos Humanos quienes ante al delicada situación lanzaron una alerta humanitaria para convocar la solidaridad y evitar que este tipo de señalamientos afecten las vidas, tanto de los campesinos, como de las organizaciones sociales que conforman.
Se estima que más de 600 familias habitantes de la región están esperando que se adelanten de manera integral los Planes de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dado que son muchos los incumplimientos por parte del gobierno nacional para que se garantice que, al tiempo en que se sustituye se vayan abriendo alternativas económicas para permitir la subsistencia y la estabilidad económica de la región.
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