El fiscal Gabriel Jaimes solicitó que se precluya la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez decisión seriamente cuestionada por la ausencia de imparcialidad que generan las posiciones públicas de actual Fiscal General.
Un juez debe decidir si acepta la solicitud de preclusión que daría por finalizada la investigación por presunto fraude procesal y manipulación de testigos contra Álvaro Uribe Vélez.
El caso inició en 2014 luego de que Uribe Vélez demandara a Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018, se inhibió de continuar la investigación contra Cepeda y por el contrario compulsó copias y adelantó la investigación, por el mismo caso, ahora en contra de Álvaro Uribe Vélez.
Después de revisar todo el material probatorio la Corte Suprema de Justicia imputó al expresidente Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos en 2020.
Ante la decisión, Uribe renunció a su fuero como senador para evitar que la Corte Suprema de Justicia siguiera su proceso.
De este modo Uribe sin sonrojarse se echo atrás cuándo enfáticamente había manifestado que nunca renunciaría a su curul para ser juzgado por la justicia ordinaria.
Desde hace días se había advertido la intención que tenía la Fiscalía de presentar solicitud de archivar el caso y negar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia.
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Intereses de Uribe y la fiscalía estarían alineados
Tal como las víctimas del caso y varios sectores de opinión lo había denunciado durante toda la semana, el fiscal Gabriel Jaimes no presentó el escrito de acusación del cual derivaría un juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez.
Por el contrario, se presentó una solicitud de preclusión del caso, lo que abre las puertas a que se archive la investigación, decisión que, según denuncian las víctimas del caso y sectores de la sociedad civil, generará impunidad.
Esta decisión se tomó en medio de varios cuestionamientos de la defensa de Iván Cepeda, a quien la Corte Suprema de Justicia considera víctima en el caso, que ha declarado que el fiscal Gabriel Jaimes no ha establecido garantías en el caso.
Previamente Reinaldo Villalba, apoderado de Iván Cepeda había presentado un memorial a Gabriel Jaimes, a modo de «constancia histórica» en el que expone que la fiscalía está empeñada en «eliminar o desacreditar las labores investigativas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia durante más de 8 años.»
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¿Se obstaculizó a la justicia?
Desde que la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a Álvaro Uribe Vélez, la defensa ha realizado una serie de acciones jurídicas que, según la defensa de las víctimas, pretende obstaculizar la administración de justicia.
Desde que asignaron a Gabriel Jaimes como fiscal encargado del caso, sectores de oposición al gobierno, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas manifestaron su desconfianza en la autonomía que tendría en el caso, tanto por sus postura ideológica como por su relación cercana con el fiscal general Francisco Barbosa, asignado por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, partido político liderado por el investigado Álvaro Uribe.
Una de las acciones que puso en tela de juicio la imparcialidad de Gabriel Jaimes fue la decisión de reiniciar el expediente, para investigar de nuevo desde la Fisacalía, desconociendo el trabajo investigativo y de recolección de material probatorio realizado por la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Cepeda y varios sectores de opinión han considerado que esto corresponde a la intención que tenía la fiscalía de dilatar el proceso, aún cuando la Corte Suprema de Justicia tenía un abundante acervo probatorio.
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Otros recursos usados por la defensa de Uribe
Entre otras acciones jurídicas realizadas por la defensa de Uribe, está la acción de tutela presentada finalizando el mes de enero que pretendía lo actuado por la Corte Suprema de Justicia arrancara de ceros y se derogara la calidad de imputado al ex senador; es pertinente aclarar que el fiscal Gabriel Jaimes apoyó dicha tutela.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela y declaro que se mantenía la calidad de imputado del expresidente Uribe Vélez.
El pasado 16 de febrero, Víctor Mosquera, abogado de Uribe Vélez presentó una denuncia penal contra el senador Iván Cepeda por «presunto ocultamiento, alteración o destrucción» de material probatorio en la investigación por fraude procesal en contra de Uribe Vélez.
Al respecto IvánCepeda argumentó que esta acción pretende obstaculizar la justicia y desviar la atención de la investigación.
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Denuncia penal contra el fiscal Jaimes por presunto prevaricato
Después de conocer la decisión del fiscal Gabriel Jaimes de solicitar la preclusión del caso y luego de alegar, constantemente, que no se estaban brindando garantías para el proceso de investigación la defensa de Iván Cepeda anunció que tomará acciones jurídicas en contra del fiscal.
Contagio Radio conoció que Iván Cepeda, en conjunto con sus abogados y el exfiscal Eduardo Montealegre, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Jaimes.
La defensa del senador del Polo Democrático argumentó que el fiscal Jaimes habría incurrido en el delito de prevaricato, por acción u omsión.
Según anunciaron han existido conductas contrarias al ordenamiento jurídico realizadas Gabriel Jaimes, asimismo aseguraron el fiscal ha favorecido los intereses del procesado«al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe»
De la misma forma aseguraron que «las posiciones de la Fiscalía, son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa» y que en varias ocasiones han pretendido invalidar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, esto «al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe.»
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Lo que se puede esperar del caso contra Uribe
Aunque la solicitud de preclusión no significa aún que se archive el caso, y esta decisión depende de si un juez determine en audiencia de preclusión que se debe finalizar la investigación, la defensa de Cepeda y sectores de opinión y sociedad civil han afirmado que Uribe Vélez ha hecho uso de su poder para entorpecer e incluso finalizar las investigaciones en su contra.
«Una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal, en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancias de que el representante Álvaro Hernán Prada, y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno ad portas de un juicio y el otro siendo enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos, estan siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión.»
Iván Cepeda
De esta forma, los colombianos y colombianas quedan a la espera de las definiciones del caso, lo que resuelva el juez; en todo caso, existirá la posibilidad de apelar cualquier decisión que tome el juez, es decir, si decide que se debe precluir el caso, las víctimas tendrán la oportunidad de apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Si el juez decide negar la solicitud de preclusión la Fiscalía tiene dos opciones; bien sea presentar el escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez o reformular reformular su petición de preclusión.
Pese a que juristas afirmaron que si la fiscalía actúa en derecho debería haber acusado desde el principio al imputado Uribe Vélez, se prevé que continuará en la posición de solicitar la preclusión del caso.
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