En la mañana del 23 de febrero, capturaron a Miguel Yesid Daza, líder social y defensor de Derechos Humanos, en su vivienda ubicada en el municipio de Aguazul, Casanare.
La captura se dio en medio de un allanamiento que se realizó 4 de la madrugada en su finca ubicada en la vereda Plan Brisas. Según sus compañeros, se desconocen los cargos y el motivo de su captura.
Miguel Yesid Daza es miembro de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación – COSPACC-, de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA- y de la Asociación de Veredas de Cunama -ASOVEC-.
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¿Hay una política de exterminio político?
Dichas organizaciones manifestaron que capturaron a Daza «en el marco de una política de exterminio político a través de la judicialización del movimiento social en Casanare». De la misma forma, aseguraron que dicho exterminio pretende desarticular el tejido social y «despejar el territorio para que empresas petroleras ejecuten sus políticas sin ninguna oposición».
Además, denunciaron que esta captura y «la política de exterminio» hacen parte de los «continuos incumplimientos hacia las comunidades y la compensación social.»
Daza ha liderado proyectos colectivos en su territorio, en el que se destaca por su labor como defensor de Derechos Humanos, líder comunal y campesino. Además, participa junto con las comunidades de espacios de interlocución entre la administración de Aguazul, la gobernación de Casanare y Ecopetrol.
Además de los espacios para la concertación del cumplimiento de las exigencias de las comunidades, Daza ha realizado constantes denuncias de vulneraciones de los Derechos Humanos en el departamento de Casanare.
En 2020 la gobernación de Casanare y la Defensoría, hicieron un reconocimiento público a Daza, a propósito del día nacional de los Derechos Humanos. Las organizaciones campesinas aseguraron que dicho reconocimiento le fue otorgado por el trabajo realizado en defensa de la vida, las comunidades y los Derechos Humanos.
El movimiento político y social Congreso de los Pueblos ha denunciado que las detenciones arbitrarias y capturas en contra de los procesos, líderes y lideresas sociales hacen parte de una persecución a quienes hacen parte de la plataforma. Además, aseguraron que «ser líder social no es un delito».
Organizaciones sociales y campesinas exigieron a la Defensoría del Pueblo, la Personería del municipio y a todos los entes nacionales e internacionales que fueran garantes de la vida, libertad y derechos de los líderes sociales.
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