Las comunidades integrantes de la Asociación para el Desarrollo de la Perla Amazónica,Adispa y del Resguardo Siona del Putumayo presentaron una demanda contra PNUD Colombia, que realizó un convenio con la empresa petrolera GeoPark, antes Amerisur, por 1.9 millones de dólares, lo que para las comunidades levanta desconfianza en el organismo internacional con el que venían trabajando desde hace años.
El descontento de las comunidades tiene que ver con los proyectos que desarrollan junto al PNUD ya que según ellos y ellas ese organismo tiene información privilegiada sobre las comunidades y los liderazgos de las personas al interior de ellas qué pueden estar en riesgo por la alianza entre PNUD y la petrolera.
Daños ambientales y guerra es la estela de las petroleras con las que se alió el PNUD en el Putumayo
Además las intervenciones qué es desde el 2019 han hecho las empresas petroleras en el departamento del Putumayo, como AMERISUR, han dejado afectaciones ambientales, territoriales sociales y culturales que han sido ampliamente denunciadas.
A esto se suma qué en muchas ocasiones se ha evidenciado que los actores armados que hacen presencia en el departamento del putumayo estarían defendiendo los intereses de las empresas desarrollan su trabajo en la región así como de las economías ilegales generando un control territorial qué incluye asesinatos amenazas patrullajes armados y otras agresiones en contra de indígenas y campesinos.
Por estas razones señalan que la alianza entre el organismo internacional y la empresa GeoPark es por lo menos incoherente con la necesidad y las posibilidades de protección ambiental y territorial qué buscan tanto indígenas como campesinos y qué debería buscar también el PNUD.
El rechazo de las comunidades a esta alianza fue tal qué los indígenas Siona devolvieron un primer desembolso de un proyecto realizado con el peludo por 52’000.000 de pesos que llegaron a una de las cuentas del cabildo. Por este tipo de decisiones el PNUD decidió cancelar la alianza con GeoPark, sin embargo, la demanda de las comunidades indígenas y campesinas sigue su curso y deberá tener unos primeros resultados durante este año.
La historia de violencia ligada a la extracción petrolera es de vieja data
La Comisión de Justicia y Paz, organización que apoya a Adispa y a las organizaciones indígenas del Putumayo ha denunciado en varias ocasiones que los daños ambientales y sociales producidos por la petrolera Amerisur siguen en la impunidad, y no hay una respuesta oficial que brinde las garantías para el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades a la vida y al territorio.
Esta situación se ha agravado después del Acuerdo de Paz, en el que grupos armados como los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez han entrado en disputa por el territorio y han dejado a las comunidades en medio de la confrontación. El hecho más reciente se presentó cuando una bebé de nueve meses fue asesinada en medio de disparos cruzados y el líder social Antonio Loaiza el pasado 5 de Octubre.
Los Comandos de la Frontera dentro de su estrategia de control social territorial además de cuestionar los procesos organizativos en coincidencia con la lógica de la inteligencia militar asociándolos a ser parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC. Recientemente se conocen las estigmatización expresadas por parte de Comandos de La Frontera contra la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA, organización que representa legalmente la ZRC, y además, una serie de informaciones de planes de persecución y de desarraigo sobre los liderazgos de esta iniciativa de uso y goce del territorio como parte de una propuesta colectiva.
Comisión de Justicia y Paz
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