Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el reporte anual de esa oficina sobre la situación de derechos humanos en Colombia para el año 2020. Dentro del reporte se documentaron 76 masacres, en las que 292 personas fueron asesinadas y se evidenció el aumento de asesinatos de líderes sociales.
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2020, un año pasado por masacres
El informe de la Alta Comisionada de la ONU, es enfático en que hay una grave situación de violencia que está afectando a varios territorios, comunidades, municipios y departamentos del país.
Según declaró Juliette De Rivero, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, «en varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos.»
En el informe se documentó que en el 2020 ocurrieron al menos 76 masacres masacres en Colombia, la cifra más alta desde el 2014. Además, se estableció que desde el 2018 hasta hoy, es decir, desde que inició el periodo presidencial de Iván Duque, «el número de masacres ha incrementado constantemente.»
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Se registró que 292 personas fueron asesinadas en las 76 masacres documentados, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Además, según lo indica el informe, la mayoría de las masacres ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
El Gobierno informó la oficina de la Alta Comisionada que estableció una «unidad especial para coordinar la respuesta estatal a estos casos«, sin embargo, la representante Rivero, recordó que la ausencia de presencia integral del Estado en diferentes regiones del país limita su capacidad para cumplir el deber que tiene de proteger a la población, «incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables.
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Asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos
Aunque el documento presentado por la Alta Comisionada no incluye un informe completo de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, entregó una muestra representativa.
Con base en lo anteriormente mencionado, la oficina de la Alta Comisionada documentó 133 casos de homicidios de líderes y defensores de Derechos Humanos durante el año pasado. En este momento se han verificado 90 casos y otros 25 están en verificación; 18 de ellos no se pudieron verificar.
Pese a ello el informe destacó las cifras de asesinatos a líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos que tiene la Defensoría del Pueblo, la cual reporta 182 defensores asesinados en 2020, y las de, programa Somos Defensores, que reporta 159 casos.
Por otro lado, un balance que no se tuvo en cuenta fue el de Indepaz, que establece que 310 líderes y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2020.
«Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72% de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca ; 77 % en zonas rurales; 91 % en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 % en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 % en municipios con economías ilícitas; y 85 % ciento en departamentos donde existen “enclaves de producción de coca” identificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.»
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de DDHH en Colombia
Sumado a ello, el documento aseguró que la Alta Comisionada conoce 795 casos de amenazas y agresión contra líderes sociales personas defensoras de Derechos Humanos dentro de las que se encuentran casos de desaparición, secuestro, seguimientos, estigmatización y atentados
contra su vida.
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Confinamientos y desplazamientos masivos
La representante Rivero, afirmó que las misiones realizadas por la oficina de la Alta Comisionada en Colombia, observó «el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos» varios territorios. Además, añadió que «muchas de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación.»
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aseguró que en Colombia la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas. El informe estableció que los departamentos más afectados son Antioquia, Chocó y Nariño, los cuales reportan el 76% de los casos.
También se aseguró que al menos 74.312 personas sufrieron confinamientos, no relacionados con la pandemia impuestos, impuestos por «actores armados no estatales y grupos criminales.»
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Violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública
El documento también recogió los casos de violaciones a Derechos Humanos en los que se discriminó a la fuerza pública como presunto responsable. Allí, se estableció que hubo 42 casos de «privaciones arbitrarias a la vida» que derivaron en el asesinato de 73 personas.
El informe estableció que la policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas.
«En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. 13 de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas»
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de DDHH en Colombia
El caso en el que el informe describe presunto responsable a las autoridades penitenciarias ocurrió la noche del 21 de marzo de 2020 al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, cuando en un amotinamiento 24 internos murieron y 76 más resultaron heridos.
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Dentro del documento, la Alta Comisionada también se refirió a los hechos del 9 de septiembre, en la que 11 personas resultaron «víctimas de privación arbitraria de la vida». Estos hechos sucedieron en el marco de múltiples movilizaciones y protestas, luego de que la noche del 8 de septiembre Javier Ordoñez fuera asesinado, víctima de brutalidad policial.
Además de las 11 personas «víctimas de privación arbitraria de la vida», se documentaron 581 personas heridas, 61 de ellas por arma de fuego.
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Recomendaciones al Estado Colombiano
Finalmente, se resaltó la preocupación de la Alta Comisionada por «la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales» dentro de las que se incluyen las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Asimismo, reiteró que es urgente adoptar dicha política a través de la Comisión de Garantías de Seguridad que se previó en el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
También, se afirmó que a través de la implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo puede prevenir hechos violentos, al respecto, también se anunció que la oficina de la Alta Comisionada firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo y la Unión Europea para fortalecer esta labor.
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Para concluir el documento, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un listado de recomendaciones al Estado Colombiano.
Dentro de las exhortaciones están; que se cumpla de manera integral de los Acuerdos de Paz, que se reconozca a los pueblos indígenas y afrodescendientes el derecho al territorio y a la consulta previa libre e informada y que se cuide la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como una
contribución esencial a una paz sostenible y duradera.
En ese sentido, se instó al Estado a establecer una presencia integral en los territorios más afectados y a investigar con celeridad todos los procesos en contra de todos los servidores públicos que han participado de violaciones a los Derechos Humanos.
Se llamó a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y se invitó al Estado a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.
Existen más recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, para que se garanticen los Derechos Humanos con integridad en todos los territorios del país, sobre todo, en los que no hay presencia efectiva del Estado.
