Los recientes ataques en el Cauca y Nariño ponen en duda el proceso de paz con ese grupo. El pasado 14 de agosto el Gobierno Nacional realizó un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, en el Cauca, después de que este grupo armado explotó dos carros bomba en zona rural de los municipios de Cajibío y Buenos Aires y decretó un paro armado en el departamento.
Por Redacción Contagio
Bogotá. Desde hace un mes las disidencias de Iván Mordisco realizan una ofensiva contra la población y las fuerzas militares, principalmente en el departamento del Cauca. Estas acciones llevaron al Gobierno a cuestionar la posibilidad de un cese al fuego y la instalación de la mesa de diálogos.
El pasado 14 de agosto el Gobierno Nacional realizó un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, en el Cauca, después de que este grupo armado explotó dos carros bomba en zona rural de los municipios de Cajibío y Buenos Aires y decretó un paro armado en el departamento.
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En los hechos murió un policía, 50 viviendas fueron afectadas y 70 familias estaban atemorizadas. El sábado 12 agosto, tres policías murieron después que las disidencias asaltaron una patrulla cerca de Morales, Cauca.
En zona rural del municipio de Argelia, seis campesinos fueron heridos por un explosivo que cayó durante los combates del pasado viernes 11 de agosto. Ese mismo día hubo un ataque con explosivos en el municipio Guachené, en el Norte del Cauca.
En el pueblo de Páez, el ejército desactivó varias cargas explosivas que estaban en el casco urbano. Mientras tanto, en el municipio de Balboa, un campesino murió tras caer en una zona con minas antipersona.
Los pueblos indígenas también fueron golpeados por la presencia de este grupo en sus territorios. El 13 de agosto asesinaron a Rubiel Guetia, líder del resguardo San Lorenzo en el municipio de Caldono. Además, las comunidades indígenas denunciaron que el 12 de agosto, cuatro comuneros fueron asesinados.
Por su parte, las disidencias confirmaron la retención del soldado Juan David Estrada en el Norte del Cauca. En días anteriores, retuvieron al hijo del alcalde del municipio de Rosas, quien ya fue liberado. Dicen además, que estos hechos son “propios de una organización que no está en cese al fuego”.
Los hechos violentos obligaron al Gobierno a hacer un Consejo de Seguridad en donde estableció como objetivo, paralizar el narcotráfico en la región y paralelamente garantizar el tránsito de los campesinos a cultivos lícitos como el café.
Este anuncio ocurrió en un momento importante, ya que en la actualidad se vive en la región una crisis con los cultivos de coca, situación causada por distintos factores como el consumo de otras sustancias y el cambio de rutas internacionales de la cocaína. Con esto también, el gobierno pretende afectar gran parte de las finanzas de las disidencias y su accionar violento en el departamento.
El presidente Petro enfatizó que la sociedad civil es la principal afectada con el accionar de este grupo: “Cualquier negociación debe tener en cuenta que antes que un cese del fuego, queremos un cese de hostilidades a la población”.
Aunque no hay más pronunciamientos oficiales sobre el proceso de paz, toda esta ola de violencia estaría dificultando el reinicio de las conversaciones anunciado el pasado 5 de julio por las dos partes.
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