Nicol Valentina Rodríguez. Fotografía Twitter @OpinaSantander.
El pasado 24 de febrero se denunció el asesinato del que fue víctima la niña de 15 años, Nicol Valentina Rodríguez. El hecho se presentó sobre las 5:00 p. m. cuando la menor se encontraba transitando por las escalas del túnel del intercambiador vial del Mesón de los Búcaros en el norte de Bucaramanga, Santander.
La niña que se dirigía desde su colegio hacia su casa, fue interceptada por un hombre que le propinó heridas de arma blanca en tres oportunidades. Nicol Valentina fue traslada al Hospital Universitario de Santander donde posteriormente se confirmó su muerte.
Dentro de las versiones que han manejado las autoridades, se afirma que el asesinato se da como una acción de hurto. Por su parte, padres de familia y estudiantes se manifestaron para rechazar la violencia en la ciudad y para exigir que haya seguridad ante el temor que hay frente a los hurtos y atracos.
En los últimos días, Pedro Trujillo Pérez, quien sería responsable del crimen, fue capturado y llevado hasta audiencia en donde se le imputaron cargos por homicidio agravado y hurto calificado. Según su declaración, el hombre confirma que fue quien le robo el teléfono celular a Nicol.
Xenofobia y grupos paramilitares
Además de este hecho que entristeció a la ciudad de Bucaramanga, se ha conocido la supuesta creación de un grupo de corte paramilitar y al que denominaron «Autodefensas Civiles de Colombia».
Según un comunicado fechado el día miércoles 2 de marzo, padres de familia, comerciantes y sociedad civil han decidido «conformar las Autodefensas Civiles de Colombai, ACC, con el fin de proteger a la población en general de los abusos que migrantes venezolanos han venido cometiendo contra el pueblo colombiano».
El anuncio se da supuestamente por el asesinato de Nicol Valentina, en donde su agresor es de nacionalidad venezolana y ante otros hechos de violencia. A lo anterior se afirma que «el Estado colombiano, la Policía Nacional y la Rama Judicial, junto a otros aparatos del Gobierno, han sido negligentes para brindar protección y hacer justicia».
En el documento además se declaran objetivos militares a las personas con nacionalidad venezolana «que delinque», lo que puede interpretarse como un acto de xenofobia; se declara objetivo militar a la persona que asesinó a Nicol Valentina y a jueces que «no condenen ejemplarmente» a los extranjeros que comentan delitos en nuestro país.
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