En la noche de este 19 enero fue asesinada la lideresa social y campesina Linda Díaz Romero, quien hacía parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque. El hecho ocurrió en el sector Guarumo del municipio de Cáceres, Antioquia.
Según las primeras versiones, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Linda Díaz, le dispararon en varias ocasiones. Posteriormente fue trasladada hasta el centro médico asistencial del municipio de Caucasia en donde finalmente falleció.
Estructuras criminales se disputan el control
Según el informe Crisis Humanitaria en Riesgo del Acuerdo de Paz Antioquia, de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, en el Bajo Cauca hay presencia y enfrentamientos entre Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparros, quienes se encuentran disputándose los territorios del sur de Ituango, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Remedios, Segovia y Cáceres.
En estas zonas se extrae el 60% del oro de Antioquia y el 30% de la plata. Además, de las reservas y explotación de otros minerales como el níquel y el carbón. De igual forma ha sido un corredor que históricamente se conoce como corredor estratégico para la producción, procesamiento y distribución de la coca a través del río Cauca.
A esta situación se suma n los nexos entre policías y estructuras criminales. Según la investigación de la Fundación Sumapaz, en el 2019 el comandante de la Estación de Policía de Caucasia Yermil Torres y el patrullero Carlos José Rua, fueron capturados por tener vínculos con paramilitares.
Ese mismo año, se inició una investigación que desencadenó en la destitución de José Mercedes Berrio, ex alcalde de Cáceres, por sus vínculos con el paramilitarismo y corrupción.
Aumenta la violencia en todo el territorio nacional
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año han sido asesinados 12 líderes y lideresas sociales, entre los que se encuentran campesinos, ambientalistas, sindicalistas, cívicos, afrodescendientes y líderes comunales. Desde la firma del acuerdo de paz se lleva la cuenta de 1.128 líderes y lideresas sociales asesinados.
Diferentes organizaciones políticas y sociales exigen al gobierno de Iván Duque que se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz dado que dicha implementación pondría en funcionamiento mecanismos para el desmantelamiento de estructuras paramilitares.
Así mismo llaman la atención sobre la necesidad de seguir con la aplicación de los PNIS para contribuir en la disminución del flagelo del narcotráfico y abrir camino para nuevos proyectos económicos que garanticen el desarrollo integral de las regiones y sus habitantes.
<<Estamos en el «coletazo de la guerra» y en una transición traumática en la que crecen movilizaciones por la vida y la paz y en el otro lado fuerzas que quieren hacer trizas los pactos de paz y llevar al país a nuevos ciclos de violencia.>>
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
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