El domingo pasado fue asesinado el líder indígena Fernando Esneider Lozada Franco en la vía que conduce de los municipios de Caloto a Toribío, en departamento de Cauca.
Lozada era comunero indígena del resguardo Nasa de Tecueyo y también hacía parte del esquema diferencial de la Unidad Nacional de Proyección y del Sindicato Nacional de Profesionales de Seguridad.
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Fernando Lozada era reconocido por su labor de liderazgo social y constante actividad en favor de las comunidades de diferentes territorios en el norte del Cauca.
Lozada fue atacado por hombres armados que lo bajaron de una camioneta que pertenecía a una organización indígena local.
Horas mas tarde fue encontrado sin vida, impactado por disparos de bala, en la zona conocida como El Nilo y la camioneta fue hallada en otro sector.
El líder indígena se dirigía en la camioneta de la UNP hacia Caloto para recoger algunos mercados, trayecto en el que fue interceptado por hombres armados que presuntamente se movilizaban en motocicletas.
Defensores de Derechos Humanos encontraron a Lozada con cuatro disparos, tirado a la orilla de la carretera y lo trasladaron hasta la sede de Medicina Legal de Santander de Quilichao, Cauca.
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Organizaciones exigen garantías para la vida e integridad de las comunidades indígenas y sus liderazgos
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y el Sindicato Memoria Viva de la UNP han manifestado su rechazo al asesinato de Lozada. Han declarado que estas acciones persiguen y el trabajo comunitarios, político y social en diferentes territorios del país.
Según Indepaz con el asesinato de Fernando Lozada van 42 líderes sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos asesinados en 2021 y 1156 desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
Desde las organizaciones indígenas y defensoras de Derechos Humanos se hace un llamado al gobierno nacional a garantizar la vida e integridad de comunidades y líderes indígenas.
Justamente Lozada hacía parte del esquema de seguridad del proyecto Nasa en correspondencia con la sentencia de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado Colombiano a proteger espacialmente a 5 comunidades indígenas del Norte del Cauca y se hace efectiva a través de la sentencia T-030/16 de la Corte Constitucional de Colombia.
Desde los diferentes territorios, las comunidades y sus liderazgos exigen que el gobierno haga presencia integral en todos los territorios.
Este llamado se realiza para que se garantice la vida e integridad de derechos de todas las personas para alcanzar la paz territorial e integral en la que han trabajado varias comunidades y procesos organizativos.
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