Luego de conocerse el auto de la Jurisdicción Especial de Paz, en el que se da cuenta de por lo menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares en contra de jóvenes colombianos, son varias las denuncias que se han conocido por amenazas en contra de testigos, autores, abogados y víctimas de estos crímenes.
Una de las primeras denuncias fue hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pues Sebastián Escobar, integrante de esta organización que acompaña a las madres víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales recibió una fuerte amenaza en su contra.
Aunque Escobar también actúa como representante de la familia Díaz en el proceso por el asesinato del ex alcalde del Roble, Eduardo Díaz, no se descarta que la causa sea por la integralidad de los procesos que acompaña esta organización en la JEP.
Silenciando la verdad
También varios de los militares que fueron acogidos por la jurisdicción especial para la paz y que son fuente importante en la investigación del caso 003 han denunciado presiones por parte de FONDETEC y amenazas, seguimientos y hostigamientos por parte de quienes ellos mismos han reconocido como integrantes de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de su propia fuerza.
Medidas de protección
Como respuesta a esta situación la jurisdicción especial para la paz ordenó la puesta en marcha de por lo menos 20 medidas de protección a favor de varios intervinientes en este proceso de juzgamiento.
Al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se brinde especial atención y todas las medidas necesarias para proteger a personas y abogados que han permitido que se conozca una parte de la verdad en este nefasto crimen.
Por ahora se espera que la JEP siga avanzando en la investigación y que tome especial nota de Las observaciones qué han hecho las víctimas hacia la metodología que está aplicando este tribunal para esclarecer verdad y romper el manto de impunidad que sobre estos crímenes de Estado que se han tejido en varias décadas.
