Jair Bolsonaro. Fotografía EFE.
Este martes 26 de octubre, una Comisión investigadora del Senado brasileño, aprobó un informe en el que se cuestiona el manejo de la pandemia por Covid 19 por parte del presidente Jair Bolsonaro. El documento de 1.289 páginas, también señala a otros 77 personas que según los congresista deberían ser investigados y en donde figuran tres hijos del mandatario de ese país.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Brasil estuvo en la mira de la comunidad internacional, pues además de ser el segundo país con más muertes por el virus con más de 600.000 después de Estados Unidos, el mandatario realizó afirmaciones en las que menospreciaba el alcance de la enfermedad que confinó a la mayor parte de la población mundial en 2020.
La investigación de la Comisión se llevó durante seis meses y encontró que Bolsonaro sería responsable de nueve delitos denominados: crimen de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al crimen, falsificación de documento particular, uso irregular de recursos públicos y prevaricación, así como crímenes de responsabilidad y contra la humanidad.
El mandatario se pronunció frente a las acciones en el Congreso el pasado lunes 25 de octubre frente a un medio local y afirmó, «me tachan de genocida, falsificador de documentos, exterminador de indios: es absurdo lo que hicieron estos tipos». Sin embargo, sus polémicos comentarios siguen generando asombro pues el pasado domingo afirmó que los inmunizados con las vacunas en Gran Bretaña habían contraído SIDA de maneras más rápidas a lo esperado.
Facebook y YouTube también censuran a Jair Bolsonaro
El vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Randolfe Rodrigues, pidió la suspensión cautelar del acceso de Bolsonaro a sus cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube «para evitar la destrucción de pruebas» que demuestren la gravead de las afirmaciones del mandatario y el riesgo al que se enfrenta la población que sigue dichas instrucciones.
Facebook y YouTube también censuraron al presidente por una semana tras sus expresiones sobre la supuesta relación entre el Covid 19 y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Otra de las acciones de las plataformas fue eliminar el vídeo en el que el mandatario desmerita las vacunaciones sin ninguna prueba científica que corrobore lo dicho.
Aunque los congresistas que buscan la imputación de los señalados en su informe no puede establecer una denuncia formal en contra de ellos, expertos y medios de comunicación afirman que puede representar no un resultado judicial, sino político que se refleje en el ámbito electoral.
Siete de los delitos de los que es acusado el mandatario están tipificados en la justicia brasilera y otros denominados como delitos en contra de la humanidad podría no solo abrir un juicio político en el Congreso para destituirlo, sino acciones frente a la Corte Penal Internacional (CPI).
El fiscal general brasileño, Augusto Aras, quien debería asumir las investigaciones correspondientes para imputar a Bolsonaro es sin embargo denunciado como un amigo más del mandatario. El pasado mes de agosto, los legisladores Fabiano Contarato, del partido Rede, y Alessandro Vieira del partido Ciudadanía, también señalaron la «omisión» que hace el fiscal frente a las acusaciones en contra del mandatario.
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