Foto: Carlos Zea/ Contagio Radio
En medio del debate de control político que se adelanta en la Cámara de Representantes en contra de los abusos policía, la representante a la Cámara por Bogotá, Katerin Miranda denunció que ante el Instituto de Medicina Legal se han presentado por lo menos 1.708 denuncias de abusos por parte de policías en contra de ciudadanos en Bogotá.
De estas denuncias de abuso policial, 1.479 fueron cometidas contra personas entre los 15 y los 35 años, lo que para la congresista representa, «una agresión en contra de una generación». Y aseguró, que en un 80% de los casos, las heridas que les propinaron a las víctimas fueron tan graves que Medicina Legal tuvo que decretar incapacidad médica. Estas cifras contrastan con las entregadas por la Policía en las que solamente se han reportado 37 denuncias por abuso policial.
Para la congresista, estas cifras indican que no son solamente unas “manzanas podridas” , como se ha señalado; sino que obedecen a una situación estructural que tiene que ver con la formación que reciben las personas al ingresar a la institución, junto a la impunidad que reina, pues por lo menos el 95% de las denuncias no prosperan y no provocan ningún tipo de reacción al interior de la policía.
Los resultados de Medicina Legal y el testimonio de los amigos de Javier Ordóñez, evidencian que en el CAI hubo tortura
Uno de los amigos de Javier Ordóñez, quien lo acompañó desde el momento de su captura hasta su muerte en el hospital, relató los horrorosos hechos de tortura que tuvo que sufrir tanto en la calle como en el CAI del barrio Villa Luz.
Por su parte en el informe de defunción, Medicina Legal indicó que Javier murió porque se le propinaron 13 descargas de arma taser, 40 golpes en diferentes partes del cuerpo, que le destruyeron el hígado, y 9 fracturas craneales registradas al momento del ingresara al hospital; lo que indicaría que «hay evidencias suficientes para denunciar muerte por tortura» asegura Katherin Miranda.
La comunidad LGBTI, otra de las víctimas del abuso policial
Por otra parte el representante Mauricio Toro aseguró que en los últimos 5 años se ha registrado que 515 personas LGBTI, han sido víctimas de violencia policial, dentro de las cuales se han presentado 16 casos de torturas, 320 agresiones físicas y 3 asesinatos.
«3 de cada 100 bogotanos confía en la policía», aseguró el congresista acotando a un estudio de la Universidad de los Andes, agregando que cada vez es menor el nivel de legitimidad que tiene el accionar de la policía. (La violencia policial es la nueva pandemia: Casos a nivel mundial)
Al mismo tiempo la representante a la Cámara, María José Pizarro, evidencio las cifras de los costos promedio que dispone la nación en un agente del ESMAD, el cual oscila en los 30 millones de pesos al año , en comparación a un estudiante de universidad pública, en este caso de la Universidad Nacional, en donde los gastos no superan los 10 millones de pesos. «Un agente de ESMAD cuesta 3 veces lo que cuesta un estudiante universitario», enfatizó la representante.
Este llamado desde el congreso indica que es importante que el gobierno responda por los avances en las investigaciones, pero que también se impulsen las reformas estructurales que son necesarias para frenar la violencia policial.
