Continúan los hechos de persecución y hostigamiento contra las personas que han participado en el paro nacional por parte de la policía. Incluso hay varias denuncias en torno a este tipo de hechos en contra de los familiares de las víctimas de la violencia policial en el paro nacional. Una de esas familias es la de Lucas Villa, asesinado en Pereira.
Según el relato de los familiares además de las amenazas y seguimientos que han denunciado desde el momento del asesinato de Lucas Villa, el pasado 16 de agosto se presentó un hecho en que la policía intentó detener y judicializar a Jonathan Correa, esposo de la hermana de Lucas.
Correa aseguro que ese día se encontraba documentando un operativo de la policía en el que se pretendió capturar a varios jóvenes, sin embargo cuando se preparaba para retirarse del sitio fue detenido por los agentes quienes aseguraron que tenían en su poder un video en el que se observaba a una persona similar a él, lanzando bombas Molotov en contra de la fuerza pública.
A pesar de que Jonathan reiteró en varias ocasiones que solamente se encontraba grabando el video de El operativo policial fue conducido hasta una estación de policía en donde denunció qué querían obligarles a firmar un documento en el que aceptaban cargos por terrorismo con la condición de que si no firmaban el documento serían judicializados.
La víctima de la policía, aseguró que no quiso firmar el documento pues se trataba de una aceptación de un crimen del cual era inocente y que a pesar de no haber firmado el documento y que la condición era la firma para conseguir la libertad, fueron liberados Después de varias horas de retención sin ningún tipo de cargo en su contra.
Cargos que se imputan a los detenidos son desproporcionados y evidencian sesgo por parte de la Fiscalía
Y es que la situación de Jonathan Correa no es la única de este tipo de la cual son víctimas las personas que han participado en las protestas del paro nacional. Según lo han denunciado diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas, son por lo menos 165 personas que han sido judicializadas sin más argumentos que transmitir las protestas por las redes sociales o participar en ellas de una u otra manera.
Las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a las víctimas de este tipo de actuación por parte de la fiscalía han asegurado que las personas que han sido detenidas han tenido que enfrentar cargos por terrorismo pues la fiscalía se ha empeñado en inflar las acusaciones para evitar que los jueces liberan a los detenidos.
Esta situación es especialmente preocupante dado que los hechos por los que las personas son acusadas obedecen a situaciones inherentes a la protesta social cuando hay una reacción de guerra por parte de la fuerza pública.
Judicializan a manifestantes pero no a civiles y policías que atentaron contra la vida de personas en el Paro Nacional
Además estos procesos de judicialización en contra de los manifestantes, contrastan con la poca o nula actuación de la fiscalía en contra de civiles armados que actuaron como paramilitares disparando contra quienes protestaban quienes no han sido judicializados y en algunos casos ni siquiera llamados a indagatoria.
De igual forma sucede con los integrantes de la Fuerza Pública que han sido responsables de asesinatos y graves lesiones con armas de fuego, armas cortopunzantes y armas de letalidad reducida utilizadas en contra de los protocolos, sobre quienes pesa material probatorio suficiente, sin embargo se desconoce si esos procesos están avanzando o no.
Hay una evidente persecución contra quienes ejercen el derecho a la protesta
Desde el congreso se ha señalado qué hay una actuación dirigida en contra de los manifestantes y que el peso de las acusaciones por el ejercicio de la protesta podría llevar a concluir que se trata de detenidos políticos como lo afirmó el senador Gustavo Petro.
Por otra parte, diversos organismos internacionales siguen exigiendo la investigación y la judicialización de los integrantes de la fuerza pública comprometidos en violaciones de Derechos Humanos, pues este tipo de violencia estatal no puede generar impunidad Pues el estado está en la obligación de garantizar el derecho a la protesta.
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