Fotografía cortesía Transparencia Electoral.
“Nosotros, representantes electos, líderes y lideresas de todo el mundo, expresamos nuestra grave preocupación por la creciente amenaza de violencia, asesinato e injerencia en las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia”. Así empieza el comunicado que diputados y figuras públicas de más de 20 países firmaron, con motivo de solicitar elecciones más seguras de cara a las próximas presidenciales.
El comunicado denuncia la violencia política producida por las amenazas de muerte contra los candidatos, haciendo referencia a la cancelación de la gira al Eje Cafetero del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por un supuesto plan de atentado en su contra, y también a los intentos de asesinatos que sufrieron el mismo Petro en 2018 y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez en 2019, por su desempeño como activista ambiental.
El grupo de figuras públicas advierte también sobre la grave situación de riesgo a la que líderes sociales y activistas están expuestos: “hasta ahora, más de 50 líderes y lideresas sociales — incluidos sindicalistas, representantes indígenas y afrocolombianos, organizadores de movimientos campesinos y ecologistas — han sido asesinados este año en un intento de intimidar y eliminar los movimientos populares de Colombia”.
Otro motivo de preocupación señalado es el paro armado proclamado en las semanas pasadas por el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura paramilitar, que tras la extradición a Estados Unidos de su cabecilla, alias “Otoniel”, ha manifestado su rechazo al hecho congestionando la vida cuotidiana de las comunidades “asesinando a decenas de personas y poniendo en peligro el proceso democrático”.
El principio de no injerencia política en el periodo electoral ha sido además violado varias veces, a través de “la intervención de las más altas instancias del gobierno colombiano”, como también denunciado por varios congresistas y asociaciones sociales. La referencia es a las intervenciones del presidente Iván Duque, dando su opinión sobre los candidatos, y a la intromisión política del comandante del Ejército Nacional de Colombia, Gral. Eduardo E. Zapateiro, reo de haber criticado en unos trinos a Gustavo Petro.
Injerencias que no fueron sancionadas por ninguna institución estatal como, sin embargo, prontamente ocurrido con la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ocurrida por los mismos motivos y que “hace temer la posibilidad de que se trate de una guerra jurídica selectiva”.
“En conjunto, estas amenazas exigen una mayor vigilancia, escrutinio y transparencia en las elecciones presidenciales de Colombia. Durante décadas, el pueblo de Colombia ha exigido paz y dignidad. Nos manifestamos ahora en solidaridad con su lucha por un proceso democrático libre y pacífico”.
Dentro de los firmantes del comunicado aparecen congresistas y exponentes de gobierno del Reino Unido, Francia, Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Filipinas, España, Tanzania, Bélgica, Alemania, Brasil, Nueva Zelanda, Turquía, Bolivia, Irlanda, Portugal y Uruguay.
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