Por: Carlos Montoya, Alfonso Insuasty, Norela Mesa, Alejandro Cometa.
El pasado 23 de octubre las redes sociales informaban la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, y toda la agenda de noticias de los medios de comunicación se centró en su detención y traslado. Algunos celebraron su captura, otros planteaban un reagrupamiento de la organización y otros proponían que fue una entrega negociada al verlo sonreír ante las fotos que le tomaban las autoridades.
Sin embargo, nuestra reflexión se centra en el nivel de gobernabilidad que existe en el territorio donde lo capturaron.
El General Jorge Luis Vargas, en sus redes, presentaba que a alias “Otoniel”, lo capturan en la vereda La Pita del Municipio de Turbo, como lo muestra el siguiente tweet:
Esta vereda hace parte del corregimiento San José de Mulatos del municipio de Turbo y según catastro Departamental de Antioquia, tiene 67 propietarios, poseedores u ocupantes de los cuales dos resultan muy llamativos:
- El primero, es el Fondo Ganadero de Córdoba, siendo el mayor propietario de tierra en la zona con alrededor de 461 hectáreas.
- El segundo, Guido Manuel Vargas López con 77 hectáreas.
El señor Vargas López y el Fondo Ganadero de Córdoba tienen en común estar relacionados con el despojo de tierras de campesinos en alianza con grupos paramilitares.
Pero hay algo más particular, en el corregimiento de San José de Mulatos están casi la mitad de las ocho mil hectáreas que Salvatore Mancuso, supuestamente, le ayudó a conseguir al Fondo Ganadero de Córdoba.
Para dimensionar lo anterior, esta empresa tiene registrado en Catastro Departamental de Antioquia 106 predios rurales con alrededor de 3400 hectáreas, ubicadas en el corregimiento de San José de Mulatos en el municipio de Turbo.
Las propiedades se concentran en las veredas Brazo Izquierdo, Santa Fe de la Islita, La Pitica y la Pita.
La siguiente tabla muestra las hectáreas concentradas en cada vereda:
En relación al tiempo, la empresa adquiere las tierras entre 1997, 1998, 2000 y otros no tienen fecha. La siguiente tabla muestra la extensión de las hectáreas adquiridas por año:
El Fondo Ganadero de Córdoba fue una de las empresas que acudieron a los paramilitares con el fin de acumular propiedades en Turbo. Varios de sus directivos se han presentado ante la Jurisdicción de Paz –JEP- a declarar.
En relación a Guido Manuel Vargas, su historia se remonta como uno de los responsables de la legalización de la tierra despojada por los paramilitares de Mancuso. Este señor tiene tres predios en Urabá: uno en la vereda la Pita, el segundo en la vereda Isaías también de Turbo y el tercero, en la vereda Almagritas del municipio San Pedro de Urabá, sumando alrededor de 159 hectáreas.
Sin embargo, estas no son las únicas personas o empresas que presentaron relaciones con estructuras paramilitares con predios en la zona; en los corregimientos colindantes, hay otros que tienen propiedades registrados en catastro.
¿Cómo podría moverse Alias Otoniel, por la zona y posiblemente por las propiedades de personas y empresas que despojaron tierra o han acumulado propiedades, durante tanto tiempo?
Pareciera ser una muestra que existe lo que afirma el Sociólogo Omar Urán: “mucho Estado y poco gobierno”. Existen muchas leyes, decretos, resoluciones, etc., en los cuales se registran las propiedades y el supuesto control sobre ellas, pero, en realidad, lo que existe es poco gobierno, ya que la zona es controlada en todas sus expresiones por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y sin duda alguna, para lograrlo, debe existir complicidad con las autoridades.
Este caso es una manifestación más del ya conocido Falso Positivo Territorial, que
surge producto de la alianza entre Estados, corporaciones y grupos paraestatales, con el propósito de garantizar extensiones geográficas de territorio para el desarrollo de actividades agrícolas, comerciales, industriales, zona de explotación de recursos naturales, o posicionamiento estratégico militar o policial.
Informes de prensa muestran que las AGC son quienes en este extenso territorio definen si se hacen actividades deportivas, culturales y sociales, resuelven los problemas de los vecinos, hacen vías de comunicación, administran acueductos, administran las tierras y otras cosas que debería hacer, supuestamente, el Estado.
Mostrar quienes son los dueños de la tierra según la información catastral, es revelar a las élites políticas y empresariales que conocen el contexto del territorio y los poderes que se mueven en el territorio. En este caso ¿ellos son cómplices, aliados o están presionados?
Son preguntas para otro artículo, pero lo que no se puede ocultar, es que en la zona donde se dio la captura los dueños de la tierra son los ganaderos aliados del paramilitarismo, tanto histórico como el actual, porque al parecer, “Otoniel”, se movía con tranquilidad en la zona y posiblemente en algún momento debió dormir en algunas de las fincas del Fondo Ganadero o de Guido Manuel Vargas.
Criminalidad Empresa – Estado.
La triada estrechamente entrecruzada que dio vida a uno de los capítulos más nefastos de la historia del conflicto armado en Colombia, parece perpetuarse y se actualiza, generando un motor pendular del eterno retorno de una guerra para el beneficio de terratenientes, empresarios, multinacionales, etc. La Gobernabilidad sigue siendo, al parecer, un espejismo: la Colombia formal dista de la Colombia real.
Los informes de la Comisión de la Verdad tendrán que dar cuenta de este entramado, de esta lógica macro criminal que hoy ha cooptado al Estado y sus instituciones; otro tanto corresponde a la JEP.
El papel de los centros de investigación es esencial en disponer sus capacidades técnicas y académicas para develar estos entramados que configuran una suerte de Feudalismo Neoliberal y criminal en Colombia.
También cabe gran responsabilidad, por supuesto, a la sociedad, ¿qué tanta capacidad organizativa y de presión pueden lograr para transformar la condición de Estado Simulado que hoy padecemos?
¿Cierre de un ciclo político-electoral?
Para Ferdinand Lasalle las constituciones de un país están articuladas por lo que él denominó Factores Reales de Poder (Lasalle, 1862). Para un lector desprevenido la reciente condena al Ex gobernador de Antioquia Alfredo Ramos, no tendría ninguna relación con el tema del presente artículo. Pero es una cadena de hechos que hacen parte de los nexos indelebles que la clase política departamental y nacional tiene con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y que permitieron el ascenso al poder del Estado a dicha clase política.
Para 1994 surgen las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que continuaron y centralizaron el genocidio político contra la Unión Patriótica-UP en esta región y generaron un proceso hegemónico político de connivencia con partidos políticos tradicionales como el liberal y el conservador (Verdad Abierta, 2008), entre otros, que promovían la acumulación de tierras en beneficio de la apertura económica impuesta desde el gobierno nacional por vía del entonces presidente Cesar Gaviria.
Hoy es necesario preguntarse ¿cómo ese entramado político se sostiene? y ¿Quiénes son los beneficiarios del mismo?
En el caso de los gobernadores del departamento de Córdoba encontramos que su filiación política desde la consolidación de las ACCU, en su mayoría fueron del partido liberal. Unos pocos del Partido de la U, pero con un prontuario ligado a la corrupción como lo fue el cartel de la Hemofilia.
Igual fenómeno se presenta en las gobernaciones del departamento de Antioquia en las que en la mayoría fueron miembros del partido Liberal quienes ejercieron el cargo desde 1990. Es de anotar las gobernaciones del ex senador Álvaro Uribe Vélez entre 1995-1998 y las posteriores de Luís Alfredo Ramos por el partido Alas Equipo Colombia, partido vinculado directamente al paramilitarismo (Verdad Abierta, 2008) y Sergio Fajardo. Si bien Sergio Fajardo fue gobernador por el Partido Verde, durante su alcaldía en la ciudad de Medellín como “independiente”, se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara (2003) pero se dio paso al concepto de Don Bernabilidad (Noreña, 2007), es decir, la gobernabilidad real de la ciudad, estaba en manos de alias Don Berna.
Con esto se pretende continuar ampliando el debate en términos de la responsabilidad histórica que sobre la zona de Urabá y Córdoba aludidas, cabe al Estado Colombiano en los niveles territoriales de garantía de la seguridad y los derechos humanos. Zonas que han sido históricamente sometidas a dinámicas de guerra en perspectiva de acumulación de poder político y económico.
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