Fotografía: OIA
Según el comunicado de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, en el que se manifiesta preocupación por la situación humanitaria en Murindó, Antioquia. Particularmente en las comunidades indígenas.
Estas organizaciones realizaron una misión humanitaria en las comunidades de Isla y Turriquitadó Llano, entre los días 7 y 11 de marzo atendiendo a denuncias sobre violaciones de DDHH graves en el municipio.
Según este informe se confirma la disputa territorial de grupos armados como el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y se menciona que 2.200 personas del Cabildo indígena del municipio han sufrido distintas afectaciones a sus derechos humanos, incrementando la crisis humanitaria.
A inicios de este mes el ELN desplazó a 48 familias del pueblo emberá eyábida mientras otros 168 indígenas de Turriquitadó Alto se vieron en la obligados a abandonar sus resguardos e ir hacía Turriquitadó Llano.
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Hallazgos de la misión humanitaria
La disputa por el «control de las rutas de narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona» es la causa del confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de la autonomía indígena.
El pasado 28 de febrero se denunció que un menor de 12 años fue victima de una mina antipersonal, hecho que mantiene el debate sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto armado en Colombia.
«Los habitantes debieron desplazarse a Turriquitadó Llano, debido a que las AGC obligaron a transportar a uno de sus combatientes, herido por una mina antipersonal. Al enterarse el ELN de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela».
Comunicado sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de Murindó.
La OIA (Organización Indígena de Antioquia) ha manifestado que las minas antipersonales son la principal causa de muerte indígena en el departamento y que desde 2017 cerca de 20.000 personas corren riesgo de ser víctimas de estos artefactos.
Según Descontamina Colombia, entre 1990 y principios de 2019, se registraron 11.718 víctimas y 2.550 son de esta región del país.
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Exigencias de Obispos y organizaciones sobre la situación en Murindó
Las comunidades indígenas de Murindó han manifestado que históricamente han sentido el abandono del Estado, las instituciones y la fuerza pública. Por eso ahora solicitan «la intervención estatal garantizando derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales».
Al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía municipal se le reclama una oportuna acción, que evite que crezca el control de los grupos armados ilegales y continúen los desplazamientos. Además se hace un llamado a estos grupos armados, para que reconozcan las afectaciones que causan con su actuar, mientras se construyen salidas de paz para los sectores involucrados.
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