Agosto. Fotografía tomada de Infobae.
Tras cuatro meses de Paro Nacional, organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz, Defender la Libertad Asunto de Todas y Temblores ONG, denunciaron innumerables delitos perpetrados contra manifestantes. El país además de ser testigo de estas vulneraciones de DD.HH., también evidenció como lideres juveniles, jóvenes participes del Paro Nacional y sus familias, fueron victimas de homicidio y de hostigamientos.
El 22 de julio de 2021, Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez, fue víctima de un ataque sicarial en el que le propinaron 13 disparos. A inicios de agosto, Rebeca Sprößer, conocida como «la alemana de la Primera Línea» y quien se encontraba con el joven al momento del crimen, expresó su rechazó en un sentido mensaje en el que además afirmaba que no toleraba más muertes en el país y sobre todo de jóvenes que querían transformarlo.
Expulsión de Rebecca Sprösser es un pésimo mensaje a comunidad internacional
«Les juro que no aguanto más muertos» Rebeca Sprößer
Más adelante la familia del joven denunció allanamientos y ataques que causaron pánico y zozobra, además del dolor por la ausencia de Jhoan. Pero no son la única familia afectada, la hermana de Lucas Villa, quien recibió tres disparos que le quitaron la vida en el mes de mayo, señaló que además de su perdida, las amenazas y seguimientos que han denunciado desde el momento del asesinato, el pasado 16 de agosto, la Policía Nacional intentó detener y judicializar a Jonathan Correa, esposo de la hermana de Lucas.
El caso se presentó durante un cubrimiento de un operativo de la Policía que realizaba Jonathan y en donde fue llevado a una estación en donde además querían obligarles a firmar un documento en el que aceptaban cargos por terrorismo con la condición de que si no firmaban el documento serían judicializados.
El 21 de agosto, la Corporación Justicia y Dignidad, también denunció que se tenía conocimiento de la planeación de un atentado en contra de la familia del niño de 16 años asesinado en Cali durante las protestas, Daniel Stiven Sánchez. Según la organización, la familia Sánchez, ha padecido una intensa persecución desde el 30 de mayo, luego de denunciar públicamente el crimen en contra de niño y tuvieron que desplazarse por cuarta vez de su residencia.
Policía y civiles armados amenazan a la Familia de Daniel Stiven Sánchez
El 23 de agosto, Estaban Mosquera, líder juvenil y promotor del Paro Nacional, también fue asesinado por desconocidos. El joven se encontraba en una batalla como víctima de daño ocular tras las protestas desarrolladas en el año 2018 y en donde se exigía garantías y recursos para la educación pública y de calidad.
Asesinan a Esteban Mosquera, líder estudiantil víctima del ESMAD en 2018
A pesar de todo, Policía Nacional es premiada
Aunque los hechos perpetrados por algunos y algunas uniformadas no involucran a toda la institución, sus actos si abrieron el debate de «manzanas podridas» y de la doctrina a su interior, pese al disgusto social, la Alcaldía de Bogotá, La denuncia se hizo el 3 de agosto por parte del director de Somos Ciudadanos, Felipe Pineda Ruiz, quien hizo pública la cotización de 70 viajes a San Andrés y 150 a Cartagena, los cuales serían incentivos para algunos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Pese a denuncias la Alcaldía de Bogotá los premiaría con viajes a la policía
Pero este no fue el único escandalo que involucró los dineros del Estado. El concejal, Rubén Torrado, habló de compras en alimentación por un total de 7.504 millones de pesos para ser usados durante 13 meses, lo que implicaría según el cabildante un detrimento patrimonial de 800 millones de pesos, en medio de una de las crisis económicas más profundas del país y de la ciudad.
Aunque suena paradójico, uno de los rubros que más llamó la atención fue el de el pollo asado que está conformado por cuatro presas y tiene un valor de $24.526, es decir que para este tipo de alimentación se habrían pagado $7.000 de más, es decir, un sobrecosto en 121.907 combos qué alcanzaría la cifra de 871 millones de pesos.
Otro de los escándalos denunciados por el senador del Polo democrático alternativo, Wilson Arias, reveló un contrato por la compra de gorras para la policía por 9.400 millones de pesos, sin embargo esa indumentaria quedo inutilizables pues se compro justo antes de que se decretará el cambio de uniforme del verde oliva al azul.
Karen Abudinen continúa en el ojo del huracán
Y si de pérdida de dinero se trata, el polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, MinTIC, no se queda atrás. A finales de julio e inicios de agosto, los y las colombianos se entraron que el ministerio en cabeza de la entonces ministra Karen Abudinen y la UT habrían embolatado más de 70 mil millones de pesos que estaban destinados a municipios apartados y con poca o nula conectividad.
