La Comisión de Justicia y Paz emitió un informe en el que da cuenta de la violencia y el control territorial, sin precedentes en la historia reciente del país, demostrando facilidad de movimiento y coordinación o línea de mando estructurada en la Costa Caribe, los Santanderes, Chocó y Antioquia. Todo ello ante una inoperancia de las FFMM y de Policía que ha sido caracterizada como, por lo menos «sospechosa».
El informe da cuenta de varios de los hechos que, mayoritariamente, han afectado a la población civil, de resguardos indígenas y de comunidades negras en varias regiones del país, y que mantienen la zozobra, a pesar de que se ha anunciado que el Paro Armado terminaría este lunes 9 de mayo. La organización resalta que todos los videos y las fotografías incluidas en el informe, han sido verificadas por sus equipos en terreno.
Las consecuencias humanitarias del Paro Armado de las AGC son arrasadoras
«Desde el pasado jueves 5 de mayo a las 6.00 a.m. a través de comunicados públicos las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, declararon un Paro Armado en Chocó, Norte del Chocó (Bajo Atrato, Medio Atrato, Baudo, Sab Juan y Clima en limites con el Valle), Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Montes de Maria, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Valle, Santander en los municipios y áreas rurales en que ejercen dominio territorial.»
Comisión de Justicia y Paz
En el informe de la organización de DDHH se denuncia que las actuaciones de las AGC en contra de las comunidades indígenas habitantes de la región del Cacarica, en el Bajo Atrato Chocoano, fue una de las que mejor ejemplifica el miedo sembrado contra niños y mujeres embarazadas.
Así mismo, el informe relata la angustiosa situación que siguen viviendo los integrantes de comunidades negras en el Bajo Calima, que tienen como su única salida hacia la ciudad de Buenaventura, pero se vieron obligados a permanecer confinados puesto que todas las carreteras fueron bloqueadas.
Una de las situaciones que se repite como un patrón en todos los sitios en los que se desarrolla el Paro Armado, es que hay una inoperancia por parte de las FFMM y que no se han registrado o informado de combates en los sitios en los que se desarrollan las operaciones de control por parte de las AGC.
Adicionalmente, la organización señala que las consecuencias para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario son muy preocupantes, dado que esa regulación para los conflictos internos como el que vive Colombia, es la base mínima para abrir caminos de resolución del conflicto.
«El transporte del Litoral del San Juan, San Juan y Calima a la ciudad de Buenaventura se encuentra cerrado desde el día 5 de mayo. Los cultos cristianos y católicos tampoco se han podido realizar. Incluso, las AGC han obligado a cerrar algunos templos. se presenta desabastecimiento de combustible, energía eléctrica por el no funcionamiento de plantas eléctricas y escasez de alimentos.»
Informe JyP
La política de legalidad de Duque sigue haciendo agua en Colombia
Este Paro Armado y la contundencia de las acciones de las AGC ha demostrado, para esta organización de DDHH, que la política de seguridad con legalidad que pretendió ser la respuesta de este gobierno ha fracasado con creces y ha demostrado que el discurso de Duque no es más que una evidencia retórica de su fracaso.
«La paz con legalidad es solo un lema de una pésima broma que demuestra la retórica de un Estado nacional fragmentando en poderes armados que se logran consolidar en territorios rurales y urbanos por una serie de procesos de paz con desaciertos y fracasos como el del EPL, la desmovilización AUC 975, el de las FARC EP, y un saboteado proceso de sometimiento colectivo de las AGC.»
En esta afirmación coinciden también varias organizaciones de DDHH que alertan sobre el peligro de que un Paro Armado como el que se desarrolla actualmente sea utilizado como excusa para decretar un estado de Conmoción Interior que lleve al aplazamiento de las elecciones, lo que pondría en alto riesgo la democracia colombiana ya que afectaría directamente las posibilidades de que el Pacto Histórico se consolide como el próximo gobierno.
Además, la Comisión de Justicia y Paz, sigue insistiendo en que la multiplicidad de conflictos que se viven en diversas regiones del territorio nacional, no se pueden arreglar a la fuerzas, sino que es necesario atender las necesidades humanitarias de las poblaciones, en consonancia con los llamados de la iglesia, para luego avanzar hacia salidas negociadas, entre ellas plantea la necesidad de un diálogo con el llamado Clan del Golfo.
Otra de las situaciones que no se explican cientos de personas y organizaciones sociales y comunitarias, es cómo una estructura como las AGC se sostiene en estructura y acrecienta su poder sin una respuesta efectiva por parte del Estado que evite que se consolide en los territorios. Es allí cuando se hacen relevantes todas las revelaciones sobre la complicidad y el trabajo conjunto con mandos militares, algunos de ellos incluidos en la nómina de este grupo, como lo ha revelado el recién extraditado «Otoniel»
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