La semana pasada se dio a conocer el fallo de tutela que ordenó al presidente Duque dejar de aplicar las restricciones impuestas a los adultos mayores de 70 años en medio de la contingencia del Covid-19, pues según el Juzgado 61 de Bogotá esto configura una conducta discriminatoria frente a dicho grupo poblacional. (Le puede interesar: Otra Mirada: Niños y mayores también cuentan durante la pandemia)
En el fallo de tutela, la Juez 61 consideró que: «el hecho de que el Estado limite su libertad de locomoción, de forma más estricta que el restante de la ciudadanía, configura una conducta discriminatoria frente a los adultos mayores, razón por la cual, […] el objetivo perseguido con la medida no es válido y, por ende, (es) inconstitucional».
Tras conocer el fallo de la tutela, el presidente Iván Duque anuncio que impugnaría la decisión para reinstaurar las medidas restrictivas aplicadas a las personas mayores de 70 años.
Condiciones de vulnerabilidad económica de los adultos mayores
Como otros grupos poblacionales, muchas de las personas mayores que se ven imposibilitadas para cumplir las medidas de confinamiento, lo están en razón de que no tienen un ingreso para cubrir su mínima subsistencia y se ven obligadas a salir a buscar su sustento diario.
Hace unas semanas se dio a conocer el caso de abuso policial en contra de un vendedor informal de la tercera edad.
Según el gremio de aseguradoras Fasecolda, en los últimos 6 años, apenas un 37% de los aportantes al sistema de seguridad social del país ha logrado pensionarse. Considerando además que otra parte de la población no llega siquiera a cotizar porque se desempeña en trabajos informales o porque es desempleada, solo un 30% de los colombianos aspira a obtener una pensión de vejez.
Solo tres (3) de cada diez (10) colombianos lograrán pensionarse»
Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social de Fasecolda
Pese a este panorama, agravado por la actual pandemia, la única solución que se ha dado desde el Gobierno ha sido la entrega del auxilio económico denominado Ingreso Solidario, el cual ha tenido críticas por parte de varios sectores que lo consideran insuficiente y que además han hecho reparos sobre el margen de intermediación de las entidades financieras para su entrega a los beneficiarios. (Le puede interesar: Proyecto de Renta Básica de Emergencia contaría con mayorías en el congreso)
Igualdad sin distinción de edad
Tanto la Constitución como las normas internacionales han sido expresas en prohibir todo tipo de discriminación con base en cualquier condición humana, incluida la edad. (Lea también: Lecciones desde el territorio: la importancia de niños y ancianos en medio de la pandemia)
Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió la Resolución 1/2020 «Pandemia y Derechos Humanos en las Américas» donde recomienda a los Estados miembros de la Convención la adopción de una serie de medidas en relación con los adultos mayores.
Entre dichas directrices se encuentran: La inclusión prioritaria en materia médica para prevenir y tratar los efectos del coronavirus garantizándoles el acceso a pruebas Covid-19, acceso a medicamentos y cuidados paliativos; el monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia personas mayores; y la consideración en la adopción de medidas de contingencia de un balance entre la protección contra el virus, frente a la necesidad particular de las personas mayores de conectarse con sus familiares en medio del confinamiento.
