Foto de EPM.
El Juzgado 26 administrativo de Medellín admitió la demanda, interpuesta por las organizaciones Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que pretenden que el gobierno de EPM deje de ser un gobierno corporativo, en el que los gobiernos locales y regionales tienen una gran influencia.
Según lo asegurado por la Fundación Forjando Futuros las casi dos décadas de gobierno corporativo EPM, han beneficiado considerablemente a sectores privados del empresariado antioqueño y nacional, por encima del beneficio que la empresa debería dejar a la ciudad y al país. «Resultó ser el mayor mecanismo de enriquecimiento de unos pocos empresarios del sector privado, en detrimento del interés público y del patrimonio de la ciudad de Medellín, causando su empobrecimiento».
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EPM debe beneficiar al país y no a los intereses privados
Con esta acción judicial se busca que las decisiones de EPM puedan ser socializadas y tomadas con mayor democracia, dado que hasta el momento han sido los gobiernos locales los que han definido el rumbo tanto de la empresa como de sus ganancias.
Vale la pena recordar que, de las actividades de EPM y las empresas con las que ha realizado alianzas han resultado diversos escándalos de corrupción. Uno de los más sonados es el escándalo de Hidroituango, en el que la Contraloría y otros entes de control hicieron hallazgos en torno al mal manejo de los recursos, la falta de vigilancia en la construcción y la utilización de materiales no adecuados.
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EPM y la corrupción de políticos regionales
La mayoría de las personas involucradas en estos escándalos han estado vinculados a los gobiernos departamental y municipal como Sergio Fajardo, Alfredo Ramos, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y varias empresas que también tienen embargadas sus cuentas bancarias justamente por las mismas investigaciones que se adelantan. En varios de los casos EPM ha desarrollado alianzas de negocios con empresas privadas, muchas veces propiedad de familiares o amigos de gobernadores y alcaldes, lo cual ha ido en detrimento de la utilidad pública que debería tener la empresa.
Se espera que en las próximas semanas el juzgado emita una decisión en torno a esta demanda luego de que las partes hagan sus descargos ante el tribunal y se defina sí EPM debe seguir siendo una empresa pública gobernada localmente o si se deben democratizar las tomas de decisiones.
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