El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Colombia reconoce la responsabilidad por la violación de los derechos humanos de 219 víctimas del exterminio de la UP.
Pese a que el Estado reconoce su responsabilidad, dicho reconocimiento se limita a las víctimas que la Defensa Jurídica del Estado afirma están individualizadas en la demanda presentada por la CIDH; es decir, sólo a 219 personas de las 6.000 que fueron víctimas de hostigamientos, desplazamientos forzados, tentativas de homicidio, homicidio y desapariciones forzadas.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado aseguró que reconoció responsabilidad sólo co 219 víctimas porque «son los únicos casos que están debidamente documentados», sin embargo, Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, afirmó que hay suficiente documentación respecto a las 6.000 víctimas.
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¿Por qué el Estado no quiere reconocer la totalidad de las víctimas?
El 8 de febrero inició en San José, Costa Rica, la audiencia de la CIDH en la que se determinará la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en caso y determinó que los hecho violentos presentados en el marco de la persecución y exterminio de la UP fueron perpetrados «por agentes estatales como actores no estatales con la tolerancia y aquiescencia de aquellos«.
En dicha audiencia, desde el primer día, en la sesión preliminar, la defensa del Estado presentó alegatos, en materia de excepciones, con el fin de un reconocimiento parcial de la responsabilidad en el exterminio de la UP.
La defensa del Estado argumentó, desde el primer día y durante todos los días posteriores en la audiencia, que, a razón de que «dentro del informe de la CIDH se detalló la forma en la que se vulneraron los derechos de 219 víctimas, debidamente identificadas y relacionadas con el exterminio de la UP«, solamente dichas 219 personas cumplen los requisitos legales que las las acreditan como víctimas.
Juana Acosta, también abogada de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, agregó que «sólo estas 219 víctimas cumplen los requisitos para una reparación integral y sólo por ellas puede atribuirse responsabilidad internacional».
Pese a ello, tanto la defensa de las víctimas como comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron fuertes diferencias con esta posición.
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El universo de víctimas en el exterminio de la UP
La defensa del Estado asegura que sólo se deben incluir en el universo de víctimas 219 personas, debido que consideran que, dentro del informe de la CIDH, las otras 5.83 víctimas «no tienen una adecuada identificación ,ni descripción de los hechos».
En contraposición Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH argumentó que en el caso están documentados 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la UP, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, así como casos de uso arbitrario del derecho penal.
Urrejola además indicó que Colombia supo y patrocinó el exterminio del movimiento político y no desarticulo, no investigó, ni sancionó a los responsables. Para la comisionada las graves violaciones a los Derechos Humanos son atribuibles al Estado «no solo por omisión, sino por la participación que tuvo en un exterminio político».
“La persecución a Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es precisamente el Estado el que ha tenido por varias décadas el deber de esclarecer lo ocurrido a las más de 6.000 víctimas y no lo ha hecho. Las violaciones comparten un vínculo y ocurrieron con participación del Estado en diversas formas, niveles y momentos»
Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH
Sumado a ello, la comisionada advirtió que el Estado pretende restringir el derecho de las víctimas, pues mientras la Comisión llevaba el proceso de investigación propuso una metodología de individualización de víctimas que, asegura Urrejola, el Estado no cumplió.
Por dicho motivo la comisionada solicita a la Corte que se declare culpable al Estado colombiano por «haber incumplido con su deber de esclarecer y sancionar estos hechos en un plazo razonable», además, pidió que se ordene repara a las víctimas «de manera proporcional al daño causado, son ellas el centro de este proceso”
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Las víctimas y sus exigencias
Con base en lo expuesto por la comisionada de la CIDH, la defensa de diferentes grupos de víctimas ha reclamado que debe repararse a todas las víctimas, investigar todas las violaciones a los derechos humanos y garantizar la no repetición de los hechos.
“Pedimos que se reconozca que en contra de la UP se cometió un genocidio motivado por razones políticas, que ha dejado profundas heridas a la sociedad colombiana; que se prohíba el señalamiento y la estigmatización en contra de las víctimas y sobrevivientes de la UP; y que se les reestablezca su identidad y buen nombre (…) Mi hermana menor quien apenas tenía un año de edad cuando desaparecieron a nuestro padre lleva toda su vida dándole la oportunidad al Estado colombiano de decirle dónde está nuestro padre, por qué lo desaparecieron a él y a todo su proyecto político y quiénes fueron los responsables.»
Luisa Fernanda Díaz Mansilla, hija del dirigente Miguel Ángel Díaz, víctima de desaparición forzada
A pesar de lo expuesto por la defensa del Estado, la representación de las víctimas ha solicitado dichos alegatos de excepcionalidad no sean tenidos en cuenta en el fallo que emita la Corte. Según la defensa dichos alegatos corresponden al fondo del caso, es decir, no se pueden desvincular a las miles de víctimas, de las que el Estado no reconoce responsabilidad internacional, del macrocaso.
“La violencia contra la Unión Patriótica sólo podrá encontrar verdadera justicia cuando todas las autoridades competentes investiguen y esclarezcan todo el exterminio en su completa dimensión y se sancione a los responsables»
Jahel Quiroga, representante de un grupo de víctimas,
Finalmente, se levantó la audiencia, que duró cinco días y, en consideración de todo lo anteriormente expuesto, le dio plazo al Estado, la Comisón Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de víctimas hasta 15 de marzo de 2020 para presentar sus alegatos finales escritos. Después de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá un fallo en los próximos meses, en el que determinará la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP.
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