Algunos congresistas, organizaciones sociales y analistas políticos denunciaron que la Defensoría del Pueblo está en riesgo de perder su autonomía e independencia y su presencia regional, razón por la cual se debilitará su labor de protección a los Derechos Humanos en el país.
El día 3 de febrero, el presidente Iván Duque se reunió con el fiscal General, la procuradora General y el defensor del Pueblo, con el objetivo de construir una estrategia interinstitucional que pretende unificar la información respecto a los hechos criminales contra los líderes sociales.
Como resultado, el presidente anunció que habrá una «metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en la Fiscalía y su capacidad investigativa«.
Este anuncio de Iván Duque despertó la preocupación de varios congresistas, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y analistas políticos, pues según lo anunciado, sólo la Fiscalía General de la Nación contará con funcionarios en terreno para documentar las circunstancias y el contexto de crímenes en el país.
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La Defensoría en las alertas tempranas desaparecería
Los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda enviaron una petición formal al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que solicitan sea aclarado si la Defensoría seguirá realizando, de manera autónoma e independiente, el registro y consolidación de una base de datos de conductas que atentan contra personas defensoras de Derechos Humanos.
En este mismo sentido se manifestaron diversas organizaciones de DDHH y sociales. Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, aseguró que este es un golpe a la institucionalidad del Estado puesto no se trata solamente de la Defensoría del Pueblo sino también la Procuraduría.
Adicionalmente aseguró que la Fiscalía debe investigar, no hacer monitoreo como si lo hace la Defensoría del Pueblo y de una manera independiente a los órganos del gobierno.
“Renunciar a la documentación de agresiones a líderes y lideresas sociales por petición de otra entidad del Estado, e incluso por solicitud del poder Ejecutivo, socaba su independencia y autonomía y significaría una inminente amenaza a la separación de poderes.”
Petición al Defensor del Pueblo por Ángela María Robledo e Iván Cepeda
El MOVICE manifestó su rechazó a la propuesta unificación de cifras, e instó al gobierno nacional a «respetar la separación de poderes y la autonomía de las entidades del Ministerio Público». Para tal efecto, propuso descartar dicha unificación y, por el contrario, fortalecer del Sistema de Alertas Tempranas con la debida independencia.
«Consideramos que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado Colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos al subordinar la autonomía del Ministerio Público al ejecutivo»
Comunicado MOVICE
No es unificar cifras, es perder la Defensoría
El Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que sólo la Fiscalía General pondrá sus investigadores en terreno, según él, esto “determinará sin especulaciones quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado crimen en el país”.
El MOVICE considera que, mientras la violencia en los departamentos continúa recrudeciéndose, esta medida pretende reducir las cifras para exponer una gestión positiva.
“El anuncio de la Presidencia, pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha cumplido un importante trabajo en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos. Su tarea de acompañamiento y de verificación en los territorios más alejados comprende una función humanitaria invaluable en estos lugares, en donde la representación institucional se ha visto limitada”
Iván Cepeda
Finalmente, Ángela María Robledo afirmó que con esta medida no sólo se desconoce el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que emite constantemente alertas tempranas con precisiones técnicas de diferentes riesgos en las regiones.
Además esta situación es especialmente preocupante pues, para Robledo, invalida el trabajo articulado que la Defensoría tiene con diferentes organizaciones sociales, populares y comunitarias que hacen seguimiento y documentación de los hechos violentos contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en los territorios.
Unificar defensoría y fiscalía es robustecer un gobierno autoritario
Hay que recordar que, antes de la elección de Carlos Camargo, cuando se estaban barajando los nombres de los candidatos al cargo se advertía su cercanía al gobierno Duque.}
León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, previo a la elección de Camargo manifestó que «Duque se está apoderando de todos los organismos de control, se apoderó de la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y ahora va por la Procuraduría
Con la elección de Carlos Camargo como Defensor del pueblo y Margarita Cabello, también cercana a Duque, como Procuradora General, sectores de opinión aseguran que los nombramientos y decisiones de Iván Duque corresponden a un gobierno autoritario.
En consecuencia, analistas, organizaciones sociales y congresistas exhortaron al gobierno nacional a no ejecutar la propuesta de unificación de cifras en lo que consideran, es un atropello a la división de poderes y, según ellos, un golpe a la democracia.
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