Este 7 de julio, la Corporación Solidaridad Jurídica hizo la entrega del informe «Violencia Contrainsurgente» a la Jurisdicción Especial para la Paz. Documento que da cuenta de violaciones a DD.HH cometidas por agentes del Estado contra miembros de la entonces guerrilla FARC-EP cuando fueron capturados.
De acuerdo con el informe estas acciones hicieron parte de una estrategia estatal antisubversiva , «que a través de la combinación del sistema penal y la Fuerza Pública, se centró en la lógica de la eliminación del enemigo interno a través de prácticas como tratos o penas crueles e inhumanas.
Las torturas en medio de la guerra
Este documento revela patrones y formas de operar que evidencian la macrocriminalidad llevada a cabo por agentes del Estado; así como el funcionamiento del aparato criminal dentro de las instituciones estatales, que avalaron la comisión de estas prácticas. (Le puede interesar: «Hay políticas que propician la criminalidad en las Fuerzas Militares: CCEEU«)
Asimismo, el documento señala las responsabilidades del Estado en relación con el derecho humanitario y la normativa internacional o el derecho internacional humanitario. De igual forma, identifica e individualiza a los presuntos responsables a partir de la cadena de mando.
La impunidad en los crímenes de Estado
Con la entrega de este informe, la Corporación Solidaridad Jurídica también extendió la petición a la JEP para que estos casos no queden en la Impunidad. Razón por la cual afirma que finalmente buscan que se investigue y enjuicien los crímenes internacionales cometidos por agentes del Estado.
En esa misma vía, señalan que es importante que se aplique una justicia simétrica, en torno a todos los actores del conflicto armado en Colombia. Ello con la intensión de que no exista una justicia de «los vencedores sobre los vencidos». (Le puede interesar: «Corporación Solidaridad Jurídica»)
