A pesar de los diferentes debates generados en torno a la condena de candena perpetua para abusadores de menores en Colombia, el pasado 18 de junio, el Congreso dio luz verde a esta medida celebrada por muchos. Sin embargo hay varios aspectos que se analizan en algunos sectores de la sociedad y que cuestionan la eficacia de este tipo de medidas para combatir estos crímenes.
Pese a esta aprobación del primer mandatario, aún hace falta una revisión de control obligatorio por parte de la Corte Constitucional para que esta reforma sea un hecho; a este análisis se suman las voces de diferentes analistas quienes con argumentos y estudios cuestionan la eficiencia de esta medida.
El costo de la cadena perpetua
Una comisión de expertos académicos y abogados en política criminal, presentaron un informe ante el Ministerio de Justicia señalando que esta medida violaba los tratados internacionales, era desmedida, innecesaria, no garantizaba los derechos de las victimas y aumentaría el hacinamiento en las cárceles.
Y agregaron que, el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a más de 18 millones de pesos, lo que significaría un costo de mas de 900 millones de pesos en el caso de una persona recluida por 50 años.
Dinero que según la comisión podría, «costear el estudio anual de aproximadamente 9,54 niños de primaria (1’924.081 pesos), de 8,4 jóvenes de secundaria (2’164.591 pesos) y de 8 jóvenes de décimo». (Le puede interesar:Sin luz ni internet no puede haber educación virtual de calidad)
«La cadena perpetua es una medida para no analizar lo que pasa realmente en la sociedad»
El ONG, Penal Reform International, aseguró que la cadena perpetua formal existe en 183 países, de los cuales 65 se imponen de por vida sin posibilidades de libertad condicional, revelando que en el periodo de 2000 a 2014 la cifra pasó de 261.000 a 479.000 sentencias.
En Colombia la pena más alta contemplada en la Constitución era de 60 años, una normativa que generalmente se ligaba a procesos que no eran investigados, ni juzgados, y en el caso de las violencias sexuales, ni siquiera denunciados, por ello para algunos expertos este reforma es solo el reflejo de la necesidad de venganza ante la falta de atención a estos procesos.
Geroid Loingsigh, periodista irlandés, investigador y testigo del funcionamiento de estas condenas eternas en los centros de reclusión en paises como Estados Unidos, Italia e incluso Irlanda señaló, que esta «es una medida que se adopta para dejar de lado lo que pasa realmente en la sociedad».
Según el periodista, cifras oficiales de esos países indican un aumento de la cadena perpetua, pero no una reducción necesariamente en la criminalidad, y señaló que esta es solo la punta del iceberg, «se inicia con adjudicar esta pena a los casos que mas se repudian, como las agresiones a los niños, pero con esto se abre la posibilidad de condenar a morir en la cárcel a cientos de personas».
Y señaló que actualmente el número de personas en Estados Unidos con cadena perpetua es de 206.000, numero equivalente a la totalidad de la población carcelaria en 1970, «este tipo de medidas favorecen a los mismos que la votaron, y promovieron, y no las verdaderas víctimas».
«Muchas cárceles están privatizadas, entonces es un negocio mantener a más y más personas en las cárceles; por ejemplo en Irlanda un guardián gana más que un profesor universitario, aclarandando que este es un país donde los profesores universitarios ganan bastante bien».
Geroid Loingsigh
Loingsigh, señaló que el tratamiento de presos y víctimas debe estar acompañado de apoyo psicológico y social, «los victimarios deben pasar por un tratamiento mental, que permitan una transformación y no al contrario un recrudecimiento de la violencia, lo que suele ocurrir al interior de una cárcel, en donde ya no importa cuanta violencia genere, ya que no hay esperanza de libertad».
Por el lado de las víctimas presentó el caso de Yuliana Samboni, cuya familia sigue a la espera de una condena justa, lejos de un acompañamiento estatal, que les permita sobrellevar lo vivido, «viven en la pobreza absoluta, con miedo, enojo y sin ninguno tipo de indemnización material o emocional».
Una medida que no garantiza la protección a los niños y niñas
Según Luz Granada, Directora de Incidencia Politica y Comunicaciones de la Save the Children Colombia, según el indice de niñez de los últimos dos años, Colombia es el segundo país con más homicidios de menores de 18 años en el mundo.
Agregando que Medicina Legal en su estudio forense del 2019 planteó que, «de 22.824 casos ocurridos en agresiones sexuales contra niños y niñas, la mayoría fueron niñas y el 70% se presentaron al interior del hogar».
Caso que según la Directora, solo un 94% llegan a ser juzgados, y en el mejor de los casos suelen durar hasta 7 años en ser judicializados los agresores, y enfatizó que para generar condenas reales y efectivas, es necesario el conocimiento de las leyes represadas durante años en la Constitución.
«En Colombia, nos estamos enfrentando a la falta de aplicación de leyes, no a su ausencia»
Luz Granada| Directora de Incidencia Política y Comunicaciones de la Save the Children Colombia
Y señaló que en país no hay inversión suficiente para trabajar los temas de salud mental, lo que en algunos casos hace que la víctima se convierta en victimario , producto del odio, miedo, confusión y la misma venganza que les produce la agresión vivida.
«Vamos a tener lamentablemente como pueblo simplemente una sanción, que no resuelve el asunto de raíz , pero que al contrario va a poner en riesgo nuestra Constitución»
Finalmente señaló que, la cadena perpetua es la solución fácil a un inversión formativa necesaria y que representa solo 4% de PIB, «esa doble moral nos está matando, y pensar que con meter a una persona a la cárcel y olvidarnos de ella va a ser suficiente; cuando lo único que hace es maquillar y agudizar un sin número de problemáticas que se pueden solucionar con solo estudiar y aplicar lo que ya tenemos».