Foto: MOE
Para la MOE los dos temas que más generan preocupación a propósito de los comicios electorales del próximo mes de Octubre en Colombia son el incremento de la violencia contra líderes políticos y la procedencia sospechosa de los recursos que financian las campañas. Hasta el momento han sido amenazadas al rededor de 130 personas y de la campaña anterior se reportaron ingresos por 80.000 millones de pesos a las campañas y por reposición de votos fueron tan solo de 15.000 ¿de dónde salió el dinero para financiar campañas y cómo se ha retribuido a los financiadores?
Según lo expresado por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en las campañas electorales del 2015 se evidenció que de los recursos de «los 1101 alcaldes electos en las pasadas elecciones locales se reportaron 80.000 millones de pesos, pero la reposición de votos fue de 15.000 millones, es decir que el 93% del dinero provenía de préstamos privados y recursos propios, lo que lleva a preguntarse de dónde pueden venir los otros 65.000 millones”.
Consejo Nacional Electoral no tiene herramientas para investigar financiación de campañas
Para la directora de la MOE, el Consejo Electoral no cuenta con la capacidad para investigar el financiamiento de las campañas, pues no hay logística para ello; dependen de los informes de entidades como la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Antes se hacían solo llamados de atención por el financiamiento irregular de las campañas, pero ahora con la ley 1864 pasa a ser un delito penal, el director de la campaña debe responder jurídicamente por la procedencia de estos recursos. (Le puede interesar «La MOE ha registrado 228 hechos de violencia contra líderes sociales en últimos 8 meses»)
Otra de las dificultades que señala la MOE es la ausencia de contraste de la información bancaria y el pago de los impuestos de los aportantes. Para realizar una vigilancia efectiva deben trabajar conjuntamente la UIAF, la DIAN y la Físcalía General de la Nación a través de informes oportunos acerca del financiamiento de las campañas, recomienda Barrios.
Violencia contra líderes políticos
Entre más se acercan las elecciones, la violencia y las amenazas contra líderes políticos aumenta, Alejandra Barrios, prevé que “el pico de violencia política se presentará en la última semana de julio que corresponde a la finalización de inscripción de candidatos”.
La relación entre los ataques en contra de los aspirantes y las próximas campañas electorales es muy alta, pues Barrios afirma que “desde el año pasado se ha realizado seguimiento y hay 265 registros, aproximadamente la mitad tienen relación con los precandidatos para las elecciones de octubre o funcionarios electos en el 2015”. (Le puede interesar «Violencia política contra Juntas de Acción Comunal aumentaría al acercarse elecciones regionales»)
Departamentos como Nariño, Cauca, Arauca y regiones como Pacífico, Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el sur de Chocó, son algunas de las zonas donde se tienen identificados grupos armados ilegales, que amenazan a los líderes políticos y que, como en el sur de Córdoba, han cumplido sus amenazas.
Medidas para proteger a los precandidatos
De acuerdo a la directora de la MOE, para garantizar la seguridad de los líderes políticos locales o regionales, es vital identificar los peligros que corren, conocer las alertas tempranas y los informes de la Procuraduría, por lo que manifiesta que “los entes encargados como Alcaldías, Gobernaciones, y Personerías deberían generar una ruta para mejorar la calidad de respuesta, para que la Fiscalía y la Policía puedan actuar”, además los partidos políticos conocen los riesgos a los que se enfrentan sus candidatos y es responsabilidad de ellos y de las entidades encargadas velar por su seguridad.
Plan Ágora, ¿una respuesta suficiente y eficaz?
El Plan Ágora es la estrategia más reciente del Ministerio del Interior para contrarrestar la violencia en las próximas elecciones de octubre y garantizar la transparencia en los comicios. Este plan consiste en la creación del Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE) conformado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Registraduría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y Fiscalía la que deberá investigar y actuar de manera inmediata para evitar asesinatos de líderes políticos y procesos de fraude electoral.
El Plan Ágora que fue dado a conocer esta semana, se deberá desarrollar en un corto plazo, pues las campañas electorales no inician con la inscripción de candidatos, ni mucho menos en los comicios, que serán en cuatro meses, lo que quiere decir que el plan debió ser puesto en marcha incluso en enero, cuando los partidos dieron a conocer sus posibles coaliciones.
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