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Foto: Contagio Radio
Más de cien organizaciones, comunidades y cabildos indígenas, víctimas del conflicto reafirmaron su compromiso con la implementación del Acuerdo de La Habana por medio de un comunicado en el que expresaron su apoyo a las propuestas hechas por la plataforma Defendamos la Paz, entre las que se incluyen de las circunscripciones especiales para las víctimas, propuesta que fue hundida en el Congreso y que podría revivir si existe voluntad política.
El comunicado también expresa su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la promoción de iniciativas como los Festivales de las Memorias promovidos por la Comisión de Justicia y Paz donde participan actores responsables de las afectaciones en procesos de justicia restaurativa.
Sobre la intención de revivir las 16 circunscripciones especiales, Martha Aguirre, presidenta de la fundación Sonrisas de Colores y representante de los familiares de víctimas de la masacre de concejales de Rivera en Huila, señala que es lo mínimo que el Gobierno y el Congreso pueden dar a las víctimas, «no podemos seguir hablando del Acuerdo de Paz y del conflicto sin tener en cuenta nuestra participación y sobre todo sin una representación política».
Es necesario el diálogo afirman las víctimas
De igual forma afirman la necesidad de reanudar los diálogos con el ELN contando con la comunidad internacional y las Naciones Unidas como garantes además de comenzar a realizar un trabajo con enfoque diferencial en los territorios donde además de presentarse desplazamientos forzosos y prácticas como la intimidación, se están imponiendo formas de pensar y sentires alentados por sectores políticos.
«En las ciudades no se ve, mientras nosotros que viajamos a las comunidades, nos damos cuenta que están temerosos porque ya se ve cierta representación de grupos armados y nos da miedo que empiece una nueva ola de terror», afirma Martha Aguirre. (Lea también: Plataforma Defendamos la Paz recogerá firmas para curules de víctimas)
Consecuencia de estas prácticas surgen «la ausencia de verdades», los silenciamientos forzosos y por consiguiente el asesinato de líderes sociales, «no podemos denunciar o nos matan. En comunidades rurales se han instalado personas en cada comunidad al estilo de las famosas CONVIVIR o de informantes pagos», señala el comunicado que evidencia la carencia de libre expresión, movimiento y derecho a la asociación.
