#PutumayoEnLaCIDH
#JusticiaParaRemanso
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la comunidad del Bajo y Alto Remanso de Putumayo, acompañados por organizaciones de la sociedad civil quienes solicitamos audiencia en el marco de la sesión 188; instamos al Estado colombiano a responder sobre la actual situación de violencia y emergencia humanitaria que viven los habitantes del departamento de Putumayo y, en particular, sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” cometidas el 28 de marzo de 2022 en El Remanso.
Durante la audiencia realizada el 6 de noviembre en Washington D.C. con la participación de Rodolfo Pama, padre del menor Bryan Santiago Pama, asesinado en la masacre del Remanso y Sandro Piaguaje, miembro del Pueblo Siona, delegado de la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), se resaltó la estrecha relación entre la violencia en el Putumayo y la presencia de empresas multinacionales.
“Por muchos años hemos sufrido los impactos de las multinacionales petroleras, las concesiones mineras, la extracción ilegal de oro, y el avance de cultivos de uso ilícito. Esto, sumado a las dinámicas del conflicto armado, ha convertido al Putumayo en uno de los departamentos más golpeados de Colombia”, afirmó el delegado de la OPIAC, enfatizando cómo el accionar de las Fuerzas Militares, post Plan Colombia, ha priorizado la protección de las infraestructuras y los intereses de las petroleras y mineras, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Entre tanto, Yarley Ramirez, actual gobernadora del Cabildo Bajo Remanso, quien asumió el cargo tras el asesinato del gobernador Pablo Panduro en la masacre cometida en marzo de 2022, relató que la comunidad ha sufrido una gran afectación a raíz de este hecho, perdiendo la confianza en la Fuerza Pública y viviendo con miedo. La pérdida del gobernador Panduro representó un vacío en el liderazgo indígena que profundiza las dificultades de la comunidad para el logro de la titulación de sus territorios, lucha que vienen adelantando desde hace 18 años sin avances significativos para la seguridad jurídica de sus tierras y los habitantes de las mismas. Igualmente, manifestó que no han recibido las medidas de protección, reparación y garantías de no repetición solicitadas tras la masacre.
Por su parte, Rodolfo Pama Lozada, padre del joven estudiante de 16 años Brayan Santiago Pama, una de las víctimas de la masacre del Remanso, habló sobre el devastador impacto que este trágico evento ha tenido en su vida y en su comunidad. Denunció que los avances presentados por la Fiscalía no son suficientes para garantizar los derechos de las víctimas a un debido proceso, acceso a la verdad, justicia y reparación y exigió la participación de las víctimas en el proceso y el acceso al expediente penal que ha sido negado por la Fiscalía desde el inicio.
Tras escuchar a los delegados del gobierno nacional que participaron en la audiencia, los peticionarios de la sociedad civil colombiana, quienes suscribimos el presente comunicado, señalamos que la respuesta del Estado Colombiano fue insatisfactoria. En general, los datos presentados no responden a la complejidad del escenario de violencia y al abandono en el departamento del Putumayo, e incluso, en algunos casos no corresponden a la información que manejan los representantes de víctimas, ni las comunidades. Esta perspectiva del Estado parece continuar un patrón que estigmatiza a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, desconociendo los estándares nacionales e internacionales reconocidos para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Como peticionarios, solicitamos a la CIDH que en el marco de sus facultades de monitoreo y promoción, asigne un punto de contacto que permita a la Comisión estar informada sobre la emergencia que atraviesa el Putumayo, que valore y priorice las medidas cautelares que en el corto plazo se presentaran por la situación grave y urgente de las comunidades. También -considerando sus comunicaciones públicas previas- se le pide que emita un Comunicado Público recordando sus estándares interamericanos de acceso a la justicia, verdad y reparación, tales como:
- La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino la justicia ordinaria.
- La investigación de los procesos debe llevarse a cabo con debida diligencia, celeridad, imparcialidad y garantizando la efectiva participación de las víctimas y sus representantes, así como el acceso pleno al expediente e investigación.
- El objetivo de la investigación debe ser determinar el grado y modo de la participación de cada uno de los autores, materiales e intelectuales, así como establecer las responsabilidades correspondientes de ellos.
- Mientras se desarrolle la investigación de los hechos, el Estado debe garantizar los derechos humanos de las víctimas y proveerlas de garantías de protección, vida
digna y efectivo acceso a salud.
De la misma manera, se pide que el Estado Colombiano, en el marco de esta audiencia, se comprometa a invitar a la Comisión Interamericana a realizar una visita in loco al departamento del Putumayo y que en el marco del seguimiento de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana a Colombia en junio de 2021, se realice una mesa de trabajo de seguimiento a las recomendaciones con la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades campesinas; así como de las entidades del Estado Colombiano competentes.
Recalcamos el llamado para que las políticas institucionales aborden el conflicto no desde la militarización, sino a través de medidas que permitan una transformación territorial con justicia social y ambiental. Y a la activación de rutas e implementación de medidas colectivas e individuales de protección, acceso y reglamentación de los territorios indígenas y campesinos, mediante la titulación que les permita decidir sobre el uso de sus tierras amenazadas ante la posibilidad de concesiones petroleras y/o mineras.
En la audiencia ante la CIDH también se solicitó a la Fiscalía General de la Nación permitir el ejercicio de los derechos de las víctimas a través del acceso a las copias del expediente de la masacre del Remanso, en consideración a estándares interamericanos y el planteado por la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2020. Igualmente, se instó a la Corte Constitucional resolver en brevedad el conflicto de competencias solicitado por la Jurisdicción Penal Militar.
6 de noviembre de 2023.
Suscribimos:
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía OPIAC, Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Asociación MINGA, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Amazon Watch, RFK Foundation, WOLA, con el apoyo de CEJIL, Open Society Foundation, Nia Tero, Land is Life y Amazon Conservation Team.
