En el mes de marzo del 2022, se llevó a cabo por parte del Ejército Nacional una operación militar de carácter controvertido en Alto Remanso, Putumayo. En la actualidad, la Fiscalía sostiene que durante dicho episodio se cometieron serias transgresiones a los derechos humanos.
por Giulia Citerio, Redaccíon Contagio Radio
Han pasado un año y cinco meses desde que tuvo lugar un controvertido operativo militar en la vereda Alto Remanso, Putumayo. Durante un animado bazar comunitario, el Ejército ejecutó un asalto en el que resultaron muertos indígenas y campesinos de Colombia, Ecuador y Perú. El entonces presidente Iván Duque, su ministro de Defensa Diego Molano y el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro respaldaron públicamente esta acción. Sin embargo, la Fiscalía considera que se trató de una grave violación de los derechos humanos.
La investigación conjunta realizada por CAMBIO, El Espectador y Vorágine, desveló que el operativo contra el líder de las Comandos de la Frontera, alias Bruno, resultó en una masacre en la que el Ejército mató a civiles y manipuló sus cuerpos para hacerlos pasar como guerrilleros, similar a los falsos positivos. La Fiscalía llevó a cabo un análisis exhaustivo con expertos en balística, médicos forenses, topógrafos y fiscales de Derechos Humanos. La evidencia recopilada sugiere que el gobernador indígena Pablo Paduro fue asesinado por un soldado, y que se colocó un arma junto a su cuerpo para desviar la investigación.
El resultado de la investigación conjunta es un trabajo colectivo que recaudó cerca de 30 testimonios, videos y fotografías, aquí el trabajo de Vorágine.
La investigación también encontró que, de los 11 muertos, al menos 6 de ellos no tenían capacidad para disparar contra el Ejército, lo que refuta la afirmación de un enfrentamiento. Además, debido al alto consumo de alcohol por parte de algunas de las víctimas, se considera poco probable que hayan participado en un combate. Entre los fallecidos estaban el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, y su esposa embarazada, Ana María Sarrias.
Para obtener más información: El asesinato de gobernador indígena en Putumayo fracturó a todas las comunidades
La Fiscalía presentará cargos por homicidio en persona protegida y homicidio en grado de tentativa contra los 25 uniformados que participaron en el operativo. Aunque la audiencia de imputación estaba programada para agosto, se suspendió debido a una disputa de competencias y está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional.
El director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, detalló que se recolectaron pruebas que demuestran que los disparos provinieron de dos lugares diferentes, indicando una maniobra envolvente por parte del Ejército. Se utilizaron pruebas balísticas y muestras biológicas para vincular las armas con los responsables. Tovar resalta la violación del principio de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército, y afirma que hubo víctimas civiles en el incidente.
“El resultado es claro: hubo víctimas civiles. Había un bazar en el que, si bien había integrantes de grupos armados, la mayoría del personal era civil”
El fiscal Hugo Tovar, director especializado contra las violaciones de los derechos humanos y coordinador de la investigación durante el diálogo con CAMBIO
La investigación continúa y se espera que se aclare la participación de otros individuos en la operación militar. Estados Unidos y un grupo de congresistas estadounidenses siguen de cerca el caso debido al apoyo militar brindado a la unidad que realizó el operativo. La verdad sobre lo ocurrido en el operativo militar de Alto Remanso parece estar emergiendo, desmintiendo la versión inicial presentada como un éxito contra las disidencias.
Lea también: A un año de la masacre del Alto Remanso, las víctimas piden verdad y justicia
