El 18 de agosto se ha presentado en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, el Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. La presentación se hizo por parte de representantes de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y de los representantes de los Pueblos Étnicos. Los temas más destacados fueron los fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones; la falta de articulación entre las entidades encargadas y el aumento de las amenazas hacía los lideres y lideresas sociales.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. En la sede de la Procuraduría General de la Nación se hizo el 18 de ese mes la presentación del Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. Hablaron Zeneida de Jesús López Cuadrado, por la Procuraduría; Luis Andrés Fajardo Arturo y Diana Marcela Bustamante Arango por la Defensoría del Pueblo; Carlos Mario Zuluaga Pardo, Luis Enrique Abadía García y Rubén Darío Granda Escobar por la Contraloría General de la República; representante de víctimas. Se señalaron muchos problemas que todavía afectan a un alto número de personas en Colombia, víctimas del conflicto armado. Se dio cuenta de la situación del desarrollo del proceso de paz llevado a cabo desde el 2016. Y de la falta de articulación entre las entidades publicas que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Uno de los fenómenos más destacados fue lo de revictimización y nuevas afectaciones. Además, en 2022 hubo eventos de desplazamientos u confinamientos que, juntos, han afectado a casi 100.000 de ciudadanos. El año pasado fue él más alto por número de lideres y lideresas sociales fallecidos desde el 2016.
Hay un problema muy grande con el tema de la indemnización de las víctimas y de los subsidios. Eso por falta de organización entre entidades públicas y también por falta de voluntad política. Por ejemplo, solo se han asignado 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 de rural frente a 1.205.718 hogares pendientes. Se señaló además un enfoque sobre el género y la etnia frente a la amenaza de desplazamiento o violencia en el marco del conflicto armado.
Cabe decir que los representantes de las victimas tuvieron palabras contundentes contra el seguimiento de la paz por parte del Gobierno y de las entidades públicas. Hicieron una denuncia fuerte frente a el abandono que las victimas perciben por parte del Estado, que todavía no cumple su compito de defensa de la población afectada por la violencia de grupos armados a lo largo del país.
