La política de Paz Total del Gobierno nacional tuvo altas y bajas en el primer año de Gobierno de Gustavo Petro. Si bien se registraron hechos trascendentales como el cese al fuego bilateral con el ELN, la continuación de la mesa de diálogos y la instalación de espacios sociojurídicos con grupos criminales en tres zonas del país; también ocurrieron hechos cuestionados como el aumento del accionar violento de grupos residuales (como el Estado Mayor Central).

Por Carolina Toro Leyva, Redacción Contagio Radio

Bogotá. El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2272 de 2022 de ‘Paz Total’ como su principal y más ambiciosa apuesta de gobierno, entendida “como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera”. Bajo esta ley, la actual administración lleva sobre la marcha al menos siete procesos de diálogo con diferentes actores armados ya que la política de pacificación nacional planteada por Petro implica el diálogo simultáneo con diferentes estructuras.

Algunas de las más destacadas son el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Además, ha enfatizado en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, así como avanzar y aplicar el enfoque de Seguridad Humana.

Estos avances se han hecho porque la primera intención de la actual administración es buscar la salida al conflicto con todos los actores armados a través del diálogo y el sometimiento a la justicia. Para ello creó una serie de normativas y mecanismos que así lo permiten, y a pesar de los logros, el avance en la política de ‘Paz Total’ en este primer año se ha visto parcial debido a diversos traspiés que ponen en duda la eficacia de la misma para lo que queda de mandato.

Para Jairo Libreros, analista político y profesor de la Universidad Externado de Colombia este primer año de gobierno ha sido un muy buen ejercicio de planeación. “Gustavo Petro es el presidente que mayores avances en tiempo y en temas ha logrado con el ELN, y yo creo que esa ilusión de este año se puede materializar en acuerdos humanitarios en el corto plazo y de manera particular en dejar las bases sentadas para firmar un acuerdo de paz. Sacar al ELN de la guerra es un compromiso que no solamente demanda el liderazgo de la Casa de Nariño, también el acompañamiento de los colombianos. Yo creo que es un año de ‘Paz Total’ con mucha ilusión, con unas bases bien fundamentadas y con el anhelo de lograr un acuerdo de paz”.

La violencia, primer punto negativo

Mientras el Gobierno ha anunciado estas políticas que buscan dar una garantía de paz para toda la ciudadanía colombiana, han continuado los hechos victimizantes en varias zonas del país; la percepción de seguridad en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga empeora cada vez más.

Se evidenció la política de seguridad humana planteada por el mismo Petro como otro eslabón de la cadena de paz, esta no ha tenido los resultados esperados porque para poder materializar esos mecanismos concebidos dentro de la Ley de ‘Paz Total’ hay que llegar a acuerdos, y en esto el Gobierno ha tenido altibajos tanto en los espacios de diálogo como en los territorios.

Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, han sido asesinados 167 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DDHH, y 36 personas firmantes del acuerdo de paz han perdido la vida.

Para Libreros en gran medida esto responde a que no existe una política de seguridad. “(…) Se perdió el manejo de la seguridad en los principales centros urbanos. La policía está completamente desconectada de los gobernadores y los alcaldes. El Ministerio de Defensa no ha querido hacer de coordinación con los alcaldes para garantizar la seguridad”.

Asimismo el catedrático indicó que no ha objetivos claros de cuál va a ser el papel que juegue la Fuerza Pública de la mano con gobernadores, con alcaldes y con el presidente de la República para prevenir la comisión de delitos, para evitar reclutamientos, para disminuir las tasas de los delitos de mayor impacto social y para mejorar la percepción de seguridad.

“El Ministerio publicó un documento de política pública que no se cumple, que está mal confeccionado, que no tuvo en cuenta a las cabezas del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Policía. Es un documento inconsulto (…) y sin política de seguridad no podemos esperar nada en materia de seguridad ciudadana”, concluyó.

Diálogos con el ELN: entre los avances de la mesa y la violencia en los territorios

El 9 de junio el presidente Gustavo Petro y Antonio García, primer comandante del ELN, oficializaron el acuerdo de cese al fuego bilateral de carácter nacional y temporal. Si hay algo de lo que Petro en su primer año puede sacar pecho es de la forma en que continúan las negociaciones con la guerrilla más antigua de América Latina. En tres ciclos, las partes negociadoras lograron acuerdos sobre entregas de alivios humanitarios, la creación del Comité Nacional de Participación para el involucramiento de actores civiles en los diálogos y el cese al fuego bilateral, que inició el jueves 3 de agosto con un alcance nacional de seis meses.

En la mesa todo ha sido ganancia pese a los avisos de “crisis” de comienzos de año propiciados por el mismo Petro, con declaraciones que fueron catalogadas como decisiones unilaterales desde la delegación del ELN; sin embargo, en los territorios el panorama es más complejo. Las semanas previas al cese, incluso durante la fase de alistamiento, se conocieron afectaciones de esta guerrilla en varias zonas del país.

El paro armado en Chocó (levantado el 13 de julio) y secuestros como el de la suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca pusieron en duda si el cese bilateral sí será acatado durante el tiempo acordado por las partes. En el acuerdo alcanzado de cese al fuego se ratificó que los secuestros son violaciones al Derecho Internacional Humanitario y por ello, quedan expresamente prohibidos, especialmente en los seis meses de pausa de acciones armadas.

Libreros considera que “los acercamientos son necesarios, es más, yo creo que esos acercamientos deberían hacer parte de un gran acuerdo nacional. El Estado colombiano ha demostrado que es incapaz de ganar la guerra. Algunos dicen que se logró firmar la paz porque nuestra fuerza pública y los gobiernos nacionales arrinconaron a las FARC y yo creo que eso es cierto, pero en el campo de batalla hoy día es muy difícil encontrar una salida. Es más, el ELN cada día está más cerca de una organización narcotraficante que de un ejército insurgente”.

Y agregó: “es necesario buscar diferentes caminos, especialmente los relacionados con la negociación política, para zanjar esta historia trágica de 50, 60 años. El conflicto armado se cerró en un 45 a 55% con la firma del acuerdo del Teatro Colón. Nos hace falta ese otro 45%, aproximadamente. Una parte muy importante, y quizás la más trascendental, es con el ELN. El resto son bandas delictivas que se pueden someter a la justicia si se hacen las cosas bien. Creo que ese acercamiento es necesario. No tenemos la capacidad para vencerlos en el campo de batalla y mucho menos en la confrontación con las actividades de crimen transnacional organizado que han demostrado los del ELN conocer muy bien”.

Disidencias: la verdadera prueba de fuego

Pese a estar conformadas por excombatientes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo Final de 2016, el Gobierno nacional otorgó reconocimiento político a grupos residuales como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC). Con ambas, la administración Petro hizo acercamientos en el primer año de mandato y se instauraron mecanismos de cese al fuego que sí fueron cumplidos por la estructura al mando de Iván Márquez, caso contrario a la comandada por Iván Mordisco debido a constantes ataques a civiles y la fuerza pública.

En una nueva fase de negociaciones, el Gobierno y el EMC anunciaron la instalación de una mesa para iniciar conversaciones de paz; pero como no hay un cese de hostilidades establecido, los enfrentamientos con la fuerza pública y civiles continúan. Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de una menor de cuatro años en La Plata (Huila).

“No es la prioridad cesar la lucha entre Estado y la organización ilegal, la prioridad es que la organización respete los derechos integrales de la población”, dijo el presidente en un consejo de seguridad adelantado en ese municipio días después de este crimen. Para Libreros, los acercamientos con esta estructura residual se volvieron más complejos por hechos violentos en el primer año; pero pese a esto ya hay intenciones serias (al menos del lado del Gobierno) en avanzar con los diálogos.

Mesas sociojurídicas: la apuesta a la paz urbana

El 18 de julio y tras varios meses de espera, fue instalada la mesa sociojurídica con «Shottas» y «Espartanos» en Buenaventura.

Tres espacios de conversación de este tipo fueron instalados en Medellín, Quibdó y Buenaventura (Valle del Cauca). En estas ciudades el control de grupos criminales de carácter local sobre las rentas ilegales puso en alerta al Ejecutivo, que decidió desplegar la política de ‘Paz Total’ hasta esas zonas. El primer objetivo es lograr el desmantelamiento de esos grupos conformados en su mayoría por jóvenes, pero el Gobierno no cuenta con el piso jurídico sólido para avanzar en esto.

Al menos en Buenaventura, dentro de las primeras peticiones de Shottas y Espartanos están los beneficios que buscan a nivel judicial, como penas mínimas de cárcel, quedarse con parte de los bienes adquiridos con dineros ilícitos e inversión social para sus comunidades. Esto se materializa directamente con la aprobación de la ley de sometimiento, pero en la primera legislatura se cayó el proyecto y se espera que sea presentado uno nuevo durante el nuevo año de Gobierno.

Al respecto Libreros resalto tres aspectos. “El primero, el esfuerzo se tiene que mantener. Los vaivenes de este tipo de acuerdos que involucran a actores armados con compromisos con el Estado en términos locales, departamentales y nacionales, son muy frágiles. En Colombia, pero en cualquier lugar del mundo. Son más frágiles que las mesas de negociación de conflictos armados de carácter interno. La delicadeza, la paciencia, la capacidad para interpretar lo que quieren las partes y evitar que tomen las armas nuevamente, es de suma importancia y creo que en ese punto ha avanzado mucho la administración Petro”.

El segundo es la intervención social. “Si uno mira el perfil, por la información que hemos conocido durante los últimos 10 años de quienes han pertenecido a esas bandas en Buenaventura y en otros lugares de Colombia, pero en el caso de Buenaventura, con la información de los dos últimos años, son personas que no tienen la más mínima posibilidad de triunfar en la vida. No han terminado sus estudios de colegio, no tienen opciones de vida, no tienen oportunidades para conquistar sueños académicos, laborales y familiares. El Estado tiene que mejorar su capacidad de oferta institucional en términos sociales. Sacarlos de la violencia no es una decisión solamente política, también es una decisión social. Y ese punto hay que mantenerlo”.

Y tercero, la ley de sometimiento. “Debe ser una ley generosa con ciudadanos que por motivos diferentes terminaron haciendo uso de las armas para sacar adelante sus vidas; pero también que sea lo suficientemente estricta para que las personas involucradas en delitos tengan que pagar cárcel y reparar a sus víctimas, pero de manera particular que nos garantice el éxito de este tipo de negociación y que quienes le den la espalda a los acuerdos se sometan a mayores cargas desde el punto de vista de la administración de justicia, más cárcel por decir algo”.

Un tema que está ‘en veremos’ son los acercamientos con el Clan del Golfo para su desmantelamiento por la vía del sometimiento. Al respecto, Libreros coincidió con que tampoco hay una base jurídica, lo cual representa una alerta debido a su extensa capacidad militar.