Dos excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que están cumpliendo sentencias en Estados Unidos, Diego Murillo Bejarano (“Don Berna”) y Ramiro Vanoy Murillo (“Cuco”), anunciaron su deseo de participar en el proceso de “paz total” que propuso el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Para profundizar sobre este aspecto, conversamos con el abogado Antonio García, quien ha sido asesor y defensor en asuntos de justicia transicional en Colombia. Actualmente es directivo de la Universidad de Paz de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio.
Bogotá. Dos excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que están cumpliendo sentencias en Estados Unidos, Diego Murillo Bejarano (“Don Berna”) y Ramiro Vanoy Murillo (“Cuco”), anunciaron su deseo de participar en el proceso de “paz total” que propuso el nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Esta información fue divulgada por la corporación Compromiso Colombia, a la cual llegó una carta por parte de esos exjefes de las AUC, ratificando su intención de involucrarse en la iniciativa gubernamental.
“Don Berna” es uno de los delincuentes más veteranos en la historia del crimen organizado colombiano. Fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego encabezó las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”. Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Desde 2008 paga una condena de 31 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.
Por su parte, “Cuco Vanoy” fue uno de los precursores del paramilitarismo en el país y comandante del bloque Mineros de las AUC, con injerencia en el Bajo Cauca. Desde 2008 purga una sentencia de 24 años en EE.UU., también por tráfico de narcóticos.
Como contexto, hay que recordar que en las últimas semanas han circulado varios comunicados y videos de grupos armados ilegales y mesas de trabajo de personas privadas de la libertad, informando a la opinión pública su voluntad de acercarse al Estado para buscar una solución pacífica al conflicto.
Además de la guerrilla del ELN, levantaron la mano el Clan del Golfo y “La Oficina”; el llamado Comité de Presos por la Verdad de Colombia; la disidencia de las Farc de alias “Iván Mordisco”; las bandas “Pachelly” (Bello), “los Mexicanos” (Quibdó), “Los Rastrojos Costeños” (Barranquilla), “Los Shotas” (Buenaventura), “La Inmaculada” (Tuluá) y “Los Caparros” (Bajo Cauca), entre otros.
Para profundizar sobre este aspecto, conversamos con el abogado Antonio García, quien ha sido asesor y defensor en asuntos se justicia transicional en Colombia. Actualmente es directivo de la Universidad de Paz de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
- ¿Qué implica para el país que varios excomandantes paramilitares que están presos en EE.UU. quieran sumarse a la “paz total” del nuevo Gobierno?
implica un reto, si hay interés de permitirles ser gestores de paz, de concertar los mecanismos necesarios con el gobierno de ese país, para permitir esa gestión de paz. En el estado de cosas actual es imposible que personas presas en el exterior desarrollen esas gestiones en Colombia. Es un reto también para la sociedad, y sobre todo para las víctimas porque se pone a prueba su capacidad de tolerancia y reconciliación. Y es un reto o mejor un desafío para el establecimiento, el poder real, que tendría que ver reaparecer en el escenario a personas que extraditaron en gobiernos anteriores, precisamente para que no aparecieran en el escenario de la construcción de paz.
- Algunos de los que han manifestado su voluntad tienen impedimentos por estar presos en otro país, ¿cómo sería su participación en un eventual proceso?, ¿eso es jurídicamente posible?
Respecto a los gestores de paz que están actualmente en el exterior, hay que construir los mecanismos necesarios para su participación, porque en la actualidad no existen. Es un reto para la diplomacia colombiana, pero hay entendimiento, confianza y credibilidad en nuestro gobierno, por lo que se puede realizar. Respecto a los actuales presos en Colombia, ya existe la legislación suficiente y se ha venido aplicando la figura de “Gestores de paz” desde hace casi 30 años.
- ¿Cómo cree usted que se podrían tomar estas muestras de interés de los excomandantes paramilitares?
El gobierno y la sociedad tienen que mirar esos gestos de personas que tuvieron una participación relevante en el conflicto, incluso como victimarios, como lo que es, una señal de buena fe, de reconciliación y que el proceso de re socialización al que los sometió a través de la pena ha sido exitoso. Esto no quiere decir que a todos se les tenga que otorgar esa gestoría. El presidente, quien es quien puede hacerlo, mirará con el Alto Comisionado para La Paz, y tomará. La decisión con fundamento en sus consideraciones estratégicas.
- ¿Hay acuerdos suscritos sobre el tema de repatriación con E.U?
El tema de repatriación se riñe por las normas propias de cada Estado, por las normas internacionales y en algunos casos hay acuerdos particulares con ciertos países, pero en el caso de los EEUU se rige por sus propias políticas.
- ¿Usted cree que la extradición, se convirtió en una política para callar la verdad?
En el caso concreto de quienes fueron comandantes y hoy ex paramilitares, la extradición masiva del 13 de mayo de 2008 y otras posteriores fueron utilizadas para ocultar la verdad sobre las relaciones entre el poder de los grupos paramilitares con el Gobierno de ese entonces. Eso se ha venido esclareciendo con el tiempo y la Comisión de la Verdad realizó grandes avances.
- Y en ese sentido, ¿usted cree que la ley de Justicia y Paz se quedó corta en la construcción de la verdad?
Si. Se quedó corta, tanto por el ánimo de ocultamiento con el que fue diseñada por el Gobierno de entonces y luego tramitada por el congreso, que tenían grandes compromisos por relaciones con los grupos a desmovilizar. El paramilitarismo que se gestó a partir de las asociaciones “Convivir” durante las presidencias de Samper y Pastrana fue la avanzada práctica de lo que luego Uribe denominó la política de Seguridad Democrática. ¿Qué verdad podrían perseguir las instituciones a través de la ley de justicia y paz? En un momento histórico donde casi la mitad del congreso estaba en la nómina de los paramilitares no podría darse una ley que los expusiera.
- ¿La participación de estos antiguos exjefes paramilitares podría tener una incidencia directa sobre el conflicto en el país?
Muchos de los actuales miembros cabecillas de los ahora llamados “bacrim” “emergentes” o “neo paramilitares” son reciclados de las desmovilizaciones de la ley 418 de 1995 y 975 de 2005. Para mejor decirlo, paramilitares mal desmovilizados, por un Gobierno que los necesitaba y un establecimiento que los aclamaba y reclamaba. Por lo tanto fueron subalternos de los ex comandantes que valga decirlo, han cumplido con sus procesos jurídicos, contaron la verdad de lo que hicieron durante el conflicto, han realizado actos de reparación acorde a sus posibilidades y hasta donde sabemos están comprometidos con la No Repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, creo que el desarrollar las labores de ‘’ gestores de paz’’ dentro del programa estratégico del Alto Comisionado para la Paz y el presidente de la República, por parte de excomandantes es fundamental porque en muchos casos tienen credibilidad y reconocimiento y además son referentes en seriedad y cumplimiento de lo acordado y señal muy clara que el Estado Colombiano hoy tiene la voluntad de cumplir sus compromisos para el logro de la Paz.
- En caso de que el gobierno de Petro acepte la participación de estos excomandantes extraditados, necesariamente habría que contar con la postura de la Casa Blanca. ¿Ve posible esa coordinación?
El presidente Petro tiene un modo de actuar que al Gobierno de los Estados Unidos puede parecerle salido de sus reglas, pero son respetuosos de nuestra autonomía como país y finalmente saben que el logro de la paz en Colombia es prioritario y de gran importancia estratégica, tanto en el continente como en el mundo.
- “Don Berna” y “Cuco Vanoy” fueron comandantes hace muchos años, ¿todavía tienen incidencia en los conflictos de hoy? ¿Qué aporte real podrían hacer?
El aporte de excomandantes puede ser trascendental como indique antes. Pero yo pensaría en el aporte que puede hacer alguien con el peso político de Ricardo Palmera, o “‘Simón Trinidad” en el proceso de conversación y eventual negociación con las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia e incluso en el proceso de cumplimiento de los acuerdos de La Habana, con los integrantes del partido Comunes. Pienso en el mismo Salvatore Mancuso como líder de la ampliación del tema de la Verdad en la JEP, y aportando su conocimiento y liderazgo en las conversaciones con grupos no políticos. Pero también me atrevería a proponer, desde aquí, que se converse con Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40” para incluirlo como gestor de paz, donde podría tener una gran labor. Piénsenlo. ¿Por qué no? Se trata de darle oportunidades a la Paz.
- En las últimas semanas han circulado comunicados de múltiples grupos armados ilegales mostrando su interés en esa paz total. ¿usted cree que se podrían unificar a todos en un mismo proyecto?
Unificar los proyectos de paz es imposible por las mismas estructuras, sus orígenes, sus composiciones, sus escenarios actuales, las formas de violencia que tienen y los objetivos que persiguen. Incluso hay rivalidades y desacuerdos entre algunos de ellos que son inconsiderables, pero alguien dijo una vez algo así como: “Ante problemas extremadamente difíciles, soluciones imperfectas también son viables”. Las conversaciones irán mostrando el destino. Confiemos en el buen tino de las partes.
- En el marco del actual debate, volvió a surgir la expresión de “acogimiento a la justicia” en vez del “sometimiento”. ¿Cuál es la diferencia?
El debate entre acogimiento y sometimiento es uno más de los debates innecesarios y superfluos a que nos hemos tenido que acostumbrar los colombianos. Es completamente bizantino. Yo pienso que la palabra debe ser acogimiento, apoyados por las victimas siempre en clave de reconciliación. Que una de las partes decida acogerse a la justicia o someterse a la justicia no cambia nada. En Colombia hemos tenido decenas de procesos de paz con una característica muy especial: todos incumplidos por el Estado colombiano. Hubo desde magnicidios, genocidios, hasta estafas y entrampamientos. Siempre se han hecho trizas los acuerdos. Nunca hubo un proceso real de reconciliación.
Es la sociedad la que debe disponerse a acoger a los excombatientes, a rodearlos, y a protegerlos. ¿Qué tal si ahora nos proponemos acogerlos con sus familias, tenderles la mano, no estigmatizarlos, cumplirles los compromisos, rodearlos de garantías, recibirlos como hermanos o hermanas y ciudadanos y ciudadanas y acompañarlos hasta el final, haciéndolos autónomos e independientes, física, moral y políticamente?
