La comunidad, liderada por el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, se ha opuesto desde 2009 a la explotación de las cerca de 12 millones de toneladas de carbón para evitar principalmente la contaminación de la reserva forestal El Manantial y la pérdida de su vocación agrícola. Le piden a la Agencia Nacional de Minas que priorice el caso y revise la entrega del título de explotación.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio.
Bogotá. La empresa turca Best Coal Company (BCC) espera ejecutar un proyecto de minería a cielo abierto en 350 hectáreas del corregimiento de Cañaverales, en el municipio de San Juan del Cesar. Sin embargo, la comunidad, liderada por el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, se ha opuesto desde 2009 a la explotación de las cerca de 12 millones de toneladas de carbón para evitar principalmente la contaminación de la reserva forestal El Manantial y la pérdida de su vocación agrícola.
A lo largo de estos 14 años, la comunidad de Cañaverales ha emprendido distintas acciones para frenar el proyecto minero. Lo que comenzó con un cierre de las vías para evitar el ingreso de los camiones para la exploración de los yacimientos de carbón, escaló a una campaña en distintos frentes para alertar sobre los impactos de la minería.
En el año 2011, en medio de la desinformación y oposición de las comunidades del territorio, se le habían entregado los permisos estatales para empezar la explotación minera al grupo brasileño minero EBX, pero los escándalos de bancarrota y corrupción de este conglomerado, llevaron a vender al grupo turco Yildirim Holding que en Colombia opera a través de la empresa Best Coal Company -BCC, la cual retomó los planes de este megaproyecto.
No obstante, la empresa ha reiterado que si bien ellos compraron un paquete de títulos a la empresa CCX Carvao da Colombia (que hace parte del grupo brasileño minero EBX), antes propietaria de las minas, que contine la vía férrea a Dibulla, y que contemplaba un megaproyecto, estilo Cerrejón, ellos están alejados de ese modelo y que realmente el proyecto Cañaverales es muy pequeño. Sin embargo, la comunidad cree que detrás de esta mina existe un mega proyecto a gran escala para la expansión de la economía carbonífera en el sur de La Guajira.
En el año 2018, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo interpuso una acción de tutela por violación al derecho a la consulta previa, y en 2019, el Tribunal Administrativo de La Guajira falló a su favor y ordenó garantizar un proceso de consulta previa.
Pese a dicha orden judicial y que el consejo comunitario de Los Negros de Cañaverales ha manifestado su voluntad de participar, la empresa BCC se ha negado a compartir de manera previa la información relativa al proyecto. La posición de esta multinacional turca ha sido que sólo compartirá la información del proyecto en las reuniones para celebrar la consulta y no antes.
Geanea Gámez, miembro del Consejo Comunitario de Los Negros de Cañaverales, señaló que “nosotros no queremos que se desarrolle ese proyecto minero porque no queremos seguir estando en una situación como las comunidades del Cerrejón en donde lo que se ha presentado son puros desplazamientos, muertes y sequías, disminución de la frontera agrícola y expansión de la frontera extractiva, no queremos que se contamine nuestra fuente de agua y por ende se acabe nuestra vocación agrícola”.
A principios del 2021, la empresa inició una carrera contrarreloj para realizar las consultas previas y gestionar la licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El único freno ha sido la comunidad de Cañaverales, que reclama no tener suficiente información sobre el proyecto y teme la contaminación de El Manantial, que surte el sistema de riego para la agricultura y el consumo diario de agua.
“Esperamos que con la ventanilla minera se pueda decir que ese proyecto minero no es viable en el territorio porque ha incumplido las leyes colombianas (…) porque viéndolo costo beneficio las compensaciones o las ganancias que tiene el Estado no se equiparan con las afectaciones que van a reciben las comunidades afectadas”.
Divide y vencerás
La líder social reconoce que hay personas dentro de la comunidad de Cañaverales que quiere que el proyecto minero se realice, pero indica que es una minoría. “Afortunadamente nos sentimos muy compactos y creo que cuando uno está unido comunitariamente se logran muchas cosas. Lógicamente existen divisiones por la escasa posibilidad de oportunidades de subsistencia que es la razón que lleva a algunos de ellos a decir que si quieren el proyecto, pero igual son válidas todas las opiniones, pero son mayoría”, señala Gámez.
Al igual indica que “la empresa ha dicho que es la comunidad de Cañaverales la que se está oponiendo al progreso, que es la que no quiere que a los jóvenes de San Juan y de la Guajira se le den oportunidades laborales; y nosotros creemos que de una u otra forma eso es una amenaza porque uno no sabe qué idea se puedan hacer las personas y eso genera fraccionamientos, pero no es que no queramos el progreso, lo que no queremos que se destruya la fuente de agua y se acabe nuestra seguridad alimentaria”, explicó.
Por su parte Jaime Álvarez, director Ambiental y Social de BCC, aseguró que tienen un proyecto diseñado con los más altos estándares en materia de minería, principalmente para evitar que afecte el flujo del agua de El Manantial. “Por supuesto, todo proyecto minero causa impacto, sería una gran mentira decir que no. Hay impactos en el suelo y contaminación atmosférica en la zona donde se desarrollaría porque es minería a cielo abierto”. Sin embargo, advierte que se ha desinformado a la gente “diciendo que es un proyecto devastador. Son más beneficios para la gente local, no sólo en términos de empleo sino en el desarrollo de proyectos productivos”.
La reserva natural El Manantial está ubicada 1,2km de donde se desarrollaría la extracción minera y la Comunidad de Cañaverlas a 700 mts. “Debido a la cercanía creemos que El manantial se vería afectado y si no hay agua pues no habrá vida y se cambiaría todo el contexto cultural y económico (…) no podríamos ayudar a irrigar la cantidad de tierras que ahora se irrigan y nosotros no podríamos seguir produciendo nuestro alimento para tener esa seguridad alimentaria”, indica Gámez.
“Nosotros le pedimos al Congreso que no piensen solamente en el factor económico, que la minería no es la única opción de desarrollo en estas comunidades ni muchísimo menos a nivel nacional. (…) Históricamente conocemos, sabemos cómo producir, lo único que nos ha hecho falta son más herramientas porque el Estado no nos proporciona ninguna porque ha sido mucho el abandono del Gobierno”.
Y agrega: “Nosotros le planteamos al Gobierno: estamos en un proceso de transición, en un proceso en el que se habla de descarbonización, de transición energética y ese tema siempre se mira de una forma de generar energía, pero también podría verse a través de generar el alimento. Cañaverales pueda proveer de alimento al resto de la Guajira que tiene un problema de desnutrición, de crisis humanitaria y nosotros podemos ayudar porque tenemos esa facilidad. Y ahí sí podríamos decir que el costo beneficio sería mutuo: estamos ayudando al Gobierno a solucionar una problemática pero también él nos está ayudando a nosotros a seguir existiendo”.
El llamado a gobierno de Gustavo Petro es que sea más receptivo a las peticiones de las comunidades.
“Nos gustaría que el presidente pudiera decir no el proyecto de la mina cañaverales o por lo menos decirle a la Agencia Nacional de Minas que priorice el caso de cañaverales porque consideramos que ha muchas falencias en la entrega del título y eso pueden ser causales incluso hasta para quitarle la licencia de explotación”.
Y a la Agencia Nacional de Minas, es que priorice el tema. “Queremos que revise los casos de minería que han dejado devastada a la Guajira y que permita que sigue existiendo este oasis en el desierto, como algunos consideran a Cañaverales, que generaciones futuras conozcan su magia y no solo por fotos. Para nosotros es un paraíso que queremos conservar”.