El próximo 30 de junio pierden vigencia las resoluciones que dieron vida a los múltiples ceses al fuego contra el Estado Mayor de las Disidencias y otros dos grupos armados. Todos están a la expectativa de la decisión que tomará el ejecutivo. Políticos exigen ajustes y los datos revelan que el Cauca fue la región menos respetada durante el semestre.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. El Incremento de los secuestros, las extorsiones, la minería ilegal, la expansión de los grupos al margen de la ley y la seguridad de las elecciones en octubre fueron algunas de las inquietudes que recogió el Gobierno durante el primer Encuentro de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana que se desarrolló en Bogotá, el pasado fin de semana, y que serán claves para la decisión que el Gobierno deberá tomar sobre si continúan o no con los múltiples ceses al fuego contra el Estado Mayor de las Disidencias y otros dos grupos armados.
El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la seguridad es un tema de interés nacional “sin rasgo político”, por lo que se tiene que generar “convivencia en las comunidades dando cabida a la participación ciudadana”. Sobre la preocupación expuesta -por los gobernadores y alcaldes de 22 departamentos del país- por la expansión de los armados en algunos territorios afirmó que se “firmaron compromisos”, (sin explicar los alcances de los mismos), a ejecutar en los próximos días para garantizar la tranquilidad de las comunidades.
Velásquez se refirió a los alcances del cese al fuego bilateral con cada grupo y las acciones que adelanta la Fuerza Pública en medio de los mismos, aunque destacó que en pocos días se propiciará un espacio entre los gobernadores y el Alto Comisionado para la Paz para ahondar sólo sobre ese tema.
El ministro de la Defensa reiteró que el papel y obligación constitucional de la Fuerza Pública es “garantizar la vida, los bienes de todas las personas y garantizar espacios seguros”, y ahora, que está frente a un proceso de paz o cese del fuego su deber es “reprimir” toda acción delictiva de estos grupos estén o no bajo esta figura.
El funcionario señaló que están “frente a una experiencia de seis meses que se van a cumplir el 30 de junio”, en referencia al tiempo de vigencia del cese al fuego bilateral que anunció el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo afirmó es: “que las comunidades puedan estar tranquilas”, y que por eso, “estamos dispuestos a discutir nuevos acuerdos de ceses”, si se llega a la conclusión de que se logró cumplir esa expectativa. De no ser así y no se ampliarán los tiempos, concluyó el ministro.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que cada mes se hará un balance regional de los alcances en los temas de seguridad, en lo que se llamarán mesas territoriales. Insistió en los vacíos y falencias que dijo han identificado en el proceso de la ‘paz total’, y que consideran «ha sido fundamental en el incremento de la criminalidad en los últimos seis meses».
