El Estado Mayor Central de las Farc declaró enemigos y objetivo militar a los integrantes de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acusándolos de pertenecer al ELN. La organización de derechos humanos considera que estas declaraciones infundadas son un irrespeto al cese bilateral del fuego suscrito entre esta organización y el Gobierno Nacional. Pidieron intervención inmediata de Estado a través de acciones que garanticen y salvaguarden la labor misional de la organización y la vida, la integridad y la libertad de expresión y asociatividad de las organizaciones étnico-territoriales y campesinas que ellos acompañan.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. En su página web la Comisión Intereclesial de Justicia Y Paz aseguró, que el pasado 14 de mayo fue informada por fuentes fidedignas, sobre amenazas en su contra. Asimismo, pidieron la intervención inmediata del gobierno nacional para que adopte acciones que garanticen y salvaguarden la labor misional de la organización, y la vida, integridad y libertad de expresión y asociatividad de las organizaciones étnico-territoriales y campesinas que ellos acompañan.
Según las fuentes, miembros del Estado Mayor Central de las Farc declararon enemigos y objetivo militar a los integrantes de J&P. Los armados acusaron falsamente a J&P de pertenecer al ELN y que, por tanto, se prohíbe continuar con el trabajo de defensa de derechos humanos, ambiental y construcción de Paz, que desde hace 35 años desarrollan en distintas regiones del país.
Esta acción irresponsable por parte del EMC de las FARC, pone en alto riesgo la vida e integridad de los defensores de DH de nuestra organización e impacta gravemente el trabajo organizativo que desarrollamos en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Valle, Huila, Putumayo, Meta, Caquetá, Antioquia y la costa caribe, entre otros lugares.
Así mismo, consideramos que estas acusaciones sin fundamento son un claro irrespeto al cese bilateral del fuego suscrito entre el Gobierno Nacional y las EMC de las Farc, y restringe las garantías mínimas para comunidades y organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, que persisten en la búsqueda de la paz global territorial.
Urge la intervención inmediata del gobierno nacional en la adopción de acciones que garanticen y salvaguarden la labor misional de nuestra Comisión de Justicia y Paz y, sobre todo, la vida, integridad y libertad de expresión y asociatividad de las organizaciones étnico-territoriales y campesinas.
