Este miércoles 15 de febrero fue presentado el proyecto que busca establecer un marco normativo para el desmantelamiento de agrupaciones delincuenciales de alto impacto como la Oficina de Envigado, el Clan del Golfo, los Shottas, los Espartanos y los Pachenca. Máximo 8 años de cárcel y quedarse con el 6% de las ganancias del narcotráfico son algunas de las polémicas propuestas del articulado.
Por Carolina Toro Leyva
Bogotá. El proyecto de ley denominado por el Gobierno como “de desmantelamiento a las organizaciones criminales” establece que solo aplicará para estructuras criminales de alto impacto, que no tengan origen político y que se basen en delitos como el narcotráfico o similares.
El articulado fue presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal y se espera el concepto de este organismo para que después sea radicado en el Congreso de la República. Sus ponentes serán los senadores Ariel Ávila y Alirio Uribe.
En rueda de prensa, el ministro de justicia, Néstor Osuna, precisó este miércoles 15 de febrero que este proyecto “no afecta ni altera las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se ha comprometido con la extradición”, tal y como lo había sugerido el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, luego de un encuentro con el jefe de Estado en la Casa de Nariño el pasado 31 de enero.
“Es una oferta que le hace el Estado colombiano a esas estructuras criminales para que terminen con su actuación criminal, entreguen sus bienes, información relevante y reparen a las víctimas. A cambio recibirán un tratamiento penal más leve”, precisó el Ministro.
Está contemplado 8 años de cárcel y quedarse con el 6% de las ganancias del narcotráfico, lo cual coincide con lo ya establecido en la Ley de Extinción de Dominio; sin embargo, esto ha generado críticas entre los opositores como la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que “preocupa el hecho de que pretendan hacer un lavado de activos permitiendo que las estructuras se queden con recursos de los ilícitos”.
De acuerdo con el senador Ariel Ávila, que será ponente de la iniciativa ante el Legislativo, lo que se impondrá es una serie de medidas sustitutivas “a cambio de verdad, reparación, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto”. A diferencia de la ley de Justicia y Paz, sancionada en el gobierno de Álvaro Uribe, la presentada por la actual administración ofrece más tiempo de medidas restaurativas.
Además, Ávila señaló que “habrá un doble candado para evitar ‘colados’. El primero estará en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El segundo, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”. El proyecto también determina que quienes ayuden a incluir personas que no deben acogerse a esta ley perderán beneficios.
De igual manera, dejó claro que no habrá ningún sistema transicional de justicia —como la Jurisdicción Especial para la Paz— sino que todo se llevará a cabo a través de la justicia ordinaria, recalcando que de esta manera no habrá impunidad.
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