Fotografía La Razón.
El pasado domingo 31 de julio, dos trágicos hechos de violencia sacudieron el departamento de Nariño produciendo la muerte de un total de 5 personas en dos episodios diferentes.
El primer acontecimiento tuvo lugar en el departamento de Barbacoas, exactamente en el corregimiento de Altaquer, en donde hombres armados incursionaron a un establecimiento público y abrieron fuego en contra de los presentes.
En el ataque cuatro personas perdieron la vida, mientras que otras resultaron heridas y fueron trasladadas al centro asistencial hospitalero más cercano.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señala que dicha masacre es la número 58 en lo corrido del 2022, en un departamento, Nariño, donde la presencia estatal es históricamente débil y fuerte es la presencia de grupos armados ilegales disputándose el control territorial a cuestas de los civiles inocentes.
El segundo hecho trágico se refiere al asesinato de María Verónica Pai Cabeza, lideresa indígena e integrante del resguardo Piguambi Palangala de la comunidad Awá. Hombres armados ejecutaron a la víctima, quien se encontraba en estado de embarazo, en el corregimiento de Llorente, jurisdicción de Tumaco, y luego dejaron su cuerpo tirado en la vía pública.
INDEPAZ informa que la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 045/2019 para los municipios de Barbacoas, Ricaurte y San Andrés de Tumaco en la que señala que “las comunidades indígenas están propensas a la vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario Internacional por el accionar de grupos armados en sus territorios. Se ha generado en esta zona un entramado de economías ilegales que emergen como resultado del abandono institucional histórico y el empobrecimiento de la población”.
Además, la Defensoría señala que hay un alto nivel de riesgo inminente para “las autoridades tradicionales, líderes y lideresas indígenas” quienes son expuestos a amenazas y ataques perpetrados por actores armados ilegales con el fin de callar sus denuncias “al desarrollo de actividades ilícitas” y obstaculizar la labor de participación en “proyectos de restitución de tierras” o de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Desde el resguardo Piguambi Palangala procedió un comunicado de rechazo ante el asesinato de la lideresa María Verónica Pai Cabeza: “con sentimiento de dolor e impotencia debemos informar a la opinión pública nacional e internacional y al mundo entero, sobre el exterminio físico y cultural al que viene siendo sometido el Resguardo Indígena Awá de Piguambi Palangala asociado a ORIPAP, por cuenta de actores armados que se disputan el territorio”.
Los comuneros afirmaron haber denunciado hechos violentos en varias ocasiones en el pasado, para pedir apoyo ante una “ola de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos, restricción a la movilidad”, sin embargo, dicha petición no tuvo éxito, pues solo recibieron como respuesta “indiferencia y la mirada ausente y cómplice del estado”.
“Rechazamos en forma absoluta que actores armados disparen en contra de nuestros líderes, pero resulta inaudito la crueldad con la que atacaron a nuestra compañera embarazada y madre cabeza de familia quien deja huérfanos y desamparados a dos menores de edad”.
Con este asesinato, ya resultan 109 los líderes que perdieron la vida de manera violenta en 2022, 1336 desde la firma del Acuerdo de Paz. Como informa INDEPAZ, los grupos armados que hacen presencia en la zona son el ELN, residuos del Frente Oliver Sinisterra, el Bloque Occidental Comando Alfonso Cano, la Columna Móvil Urías Rondón y Los Contadores.
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