ONU envía recomendaciones al nuevo Gobierno. Fotografía ilustrativa ONU.
Este martes 26 de julio la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia presentó el informe ‘Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones al Nuevo Gobierno‘.
El documento de 51 páginas da cuenta de las vulneraciones registradas por el ente internacional, además confirma lo que organizaciones sociales denunciaron en los últimos cuatro años en relación a la gestión de Iván Duque con el Acuerdo de Paz y su incumplimiento.
Dentro de los hallazgos plasmados en el informe se identifica que entre 2020 y 2021 ha habido un aumento de la violencia en nuestro país. Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada, y quien presentó el informe comentó que acogen la transformación que hará el Gobierno de Gustavo Petro, quien este lunes además nombró al defensor de DDHH, Danilo Rueda como Alto Comisionado de Paz en Colombia.
Rivero afirmó que las Naciones Unidas continuarán haciendo seguimiento de la situación de derechos en Colombia, sobre todo en medio de varias preocupaciones, entre ellas el control territorial de grupos armados que incluso están carnetizando a la población civil.
156 municipios presentan riesgos según la ONU
Según la observación de la ONU Colombia, 156 municipios presentan riesgos, tres de ellos, San Andrés de Tumaco, Roberto Payan en Nariño y Argelia en Cauca de manera crítica, mientras otros 33 están en un riesgo muy alto y 150 en alto riesgo.
Además del control que ejercen armados por medio de las violaciones a los DDHH, Oficina de la ONU en Colombia mostró preocupación porque a pesar de más seis décadas de conflicto se sigue estigmatizando a la población.
“La Oficina ve con preocupación que personas o comunidades que viven en áreas bajo influencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, habrían sido objeto de estigmatizaciones. Grupos rivales o en algunas ocasiones autoridades, los tildan de ser simpatizantes o cómplices del grupo armado o de las organizaciones criminales bajo la influencia de las cuales viven”.
ONU.
Dentro del registro que presenta la Oficina de la ONU, hay 562 casos de homicidios de personas
defensoras de derechos humanos entre 2016 y 2021. De esas víctimas, 64 mujeres eran mujeres,
61 indígenas (13 mujeres), 21 afrodescendientes (dos mujeres) y siete personas de la comunidad LGBTIQ+.
“Estos homicidios debilitan las estructuras organizativas y el tejido social de las comunidades afectadas. En muchas ocasiones también frenan los procesos sociales de reivindicación de derechos al infundir temor, silencian las voces de denuncia e impiden la renovación de los liderazgos. En las zonas rurales del país, algunos de los homicidios han resultado en el desplazamiento de las comunidades de las que los líderes eran parte y en la explotación y al despojo de su territorio por parte de los actores armados. En algunas regiones, como en el Cañón del Micay en el departamento del Cauca, las estructuras organizativas de base prácticamente desaparecieron por la violencia ejercida contra ellas, por el homicidio y el desplazamiento de sus líderes y lideresas”.
ONU.
Por otro lado son 327 los asesinatos en contra de excombatientes de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 22 de ellos perpetrados en 2022.
“En los últimos dos años la Oficina ha observado un incremento en los niveles de violencia en varios territorios del país. Esta violencia, generada principalmente por los actores armados no estatales y que se expresa, a través de acciones de amedrentamiento, acoso, extorsión, entre otras, con el objetivo de controlar a la población de ciertas áreas y los territorios en los que viven, ha resultado un alto número de masacres de civiles, homicidios y amenazas a líderes y personas defensoras de derechos humanos, y a excombatientes de las FARC-EP”.
ONU.
Recomendaciones al nuevo Gobierno de Colombia
Estas son las recomendaciones que realizo la Oficina de la ONU en Colombia al Gobierno de Petro, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto:
- Reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales de los territorios afectados por la violencia.
- Priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de las comunidades afectadas reactivar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
- Consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios.
- Ampliar el despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público.
- Fortalecimiento de la independencia de los organismos de control del Estado.
- Mejorar la adopción y articulación de medidas de prevención y respuesta rápida a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
- Combatir la violencia sexual y basada en género e investigarla con base en estándares internacionales.
Otras noticias:
Este es el perfil y la trayectoria de Danilo Rueda, nuevo Alto Comisionado de Paz
