En una carta conocida por este medio y fechada el 19 de julio, varios líderes de grupos armados vinculados a lo que se ha conocido como el paramilitarismo aseguraron que están dispuestos a dejar las armas, a aportar verdad, a acogerse a la justicia restaurativa y a contribuir para que Colombia viva en paz atendiendo el «clamor» del pueblo que ha sufrido la guerra.
La carta de cuatro páginas, esta dirigida al Presidente electo Gustavo Petro, a la Vicepresidenta Francia Márquez y el Canciller Álvaro Leyva Durán, y está firmada por las AGC, los Caparrapos, Los Rastrojos, Los Shottas de Buenaventura, La Inmacualada de Tulua, y los Grupos Mexicanos de Quibdó. Como los gestores de este «hecho de paz» se presentan los integrantes de varias mesas temáticas de paz.
En la comunicación, los integrantes de las organizaciones expresan claramente que su deseo es la construcción de la paz y el fin de la violencia armada y hacen un decálogo de intención que incluye la dejación de las armas y su llegada a los escenarios de verdad y justicia que se les indiquen con la idea de satisfacer los derechos de las víctimas.
«Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la Justicia Restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.»
En la comunicación estás organizaciones armadas invitaron a otros que no se han comunicado y que quieran hacer parte de ese propósito para alcanzar la paz para que se unan a ese clamor por medio de una manifestación sincera y real. También pidieron garantías iguales a las que han obtenido miembros de otros grupos alzados en armas.
Aseguran qué aprendieron la lección y que hoy en día por las armas no se llega al poder y afirmaron que no se están justificando pero que sí estuvieron en la ilegalidad esta situación obedeció a la falta de oportunidades que les negaron gobiernos anteriores en los que nunca hubo una verdadera democracia.
Respecto de la política aseguraron que la peor mafia ha sido la de la corrupción y reiteraron que la narco economía ha sido fundamental para alimentar el dolor que han sufrido las poblaciones colombianas.
Por último también hicieron una fuerte crítica al mecanismo de la extradición y aseguran que debería operar solo en casos en dónde hay ausencia de verdad perdón justicia reparación y no repetición pues extraditar personas que ya han cumplido con esos postulados lo consideran una afrenta a la dignidad a la justicia nacional y a las víctimas y se convierte en un falso reconocimiento de que el estado es incapaz de resolver sus propios problemas.
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