Fotografía EFE.
Cumplió el jueves 23 de junio 11 días la protesta masiva convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas – CONIAE, y otros pueblos y organizaciones sociales, que desembocó el pasado lunes en la capital Quito con una marcha indígena y campesina.
El paro nacional fue convocado para exigir al Gobierno del conservador Guillermo Lasso 10 puntos, entre los que figuran el control de precios, en particular del combustible y de la canasta básica, la no privatización de empresas públicas, reducir la precarización laboral y contener las actividades mineras en la Amazonía.
Los indígenas y manifestantes han extendido la protesta a seis provincias, en medio del estado de excepción y el toque de queda ordenado por el Presidente Laso, quien también hace uso de un gran despliegue militar en las calles de Quito que ha dejado un número indeterminado de víctimas civiles.
Las denuncias de violaciones a los DDHH
Numerosas son ya las denuncias acerca de violaciones de derechos humanos a cuestas de los manifestantes y perpetrados por parte de la fuerza pública. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, de hecho, convocó en un comunicado a la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH) a investigar sobre “las graves violaciones cometidas por agentes estatales durante el paro nacional”.
“Solicitamos también que demande al Estado ecuatoriano el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales correlativas a los derechos a la protesta social y a la resistencia, reconocidos en la Constitución vigente”.
La Alianza señaló haber recibido registro de al menos 44 hechos relacionados a violaciones de derechos humanos, que abarcan el fallecimiento de dos personas, el herimiento de otras 74 y 87 detenciones. “La fuerza pública detiene a manifestantes y no los entrega a la justicia. En algunos casos los suben a buses, en la mayoría de los casos los maltratan y amedrentan, incluso los hacen llamar a sus familias a decirles que permanezcan en silencio, y solo son puestos en libertad tras varias horas de tortura psicológica a ellos y a sus familias que ignoran su paradero y estado”.
Desde la Alianza se reitera la legitimidad de los 10 puntos requeridos al Estado ecuatoriano, que “constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido constantemente ignoradas por el Gobierno nacional”.
La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos – OEA, encabezada por Luis Almagro, invitó a un dialogo nacional entre CONIAE y el Gobierno: “Desde la Secretaría General hacemos un llamado a las partes para entablar un diálogo que debe contar con la participación de la Confederación de Naciones Indígenas (CONAIE), a partir del cual se aborden los reclamos de dicha comunidad. Es necesario que el sistema político dé inmediata respuesta en mejoras de subsidios, en la condonación de créditos vencidos, así como resolver el estado de emergencia en el sector salud y mejoras en el presupuesto de educación intercultural, entre otros”.
La organización reiteró además que “el Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos; la vida e integridad de la población y de los miembros de la fuerza pública y también de los bienes públicos, y si utiliza la fuerza pública para ello. lo debe hacer en forma proporcionada también respetando las instituciones democráticas”.
El «diálogo» entre CONIAE y Lasso
“Para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas, de manera inmediata he decidido, no habrá alza del diésel, del gas, la gasolina extra y ecopáis”. Así anunció el Presidente Guillermo Lasso en la noche del pasado miércoles 22 de junio para tratar de entablar un diálogo con los manifestantes sobre uno de los 10 puntos exigidos al Gobierno.
Sobre tal decisión CONIAE publicó un comunicado, en el que aclara que, contrariamente a lo afirmado por Guillermo Lasso, la “voluntad de diálogo es permanente, (…) pero recibimos como respuesta engaños, burla, menoscabo, deslegitimación y una narrativa racista y colonial que se ha instalado en los medios de comunicación”.
“Frente a una medida de hecho sin precedentes el gobierno convoca a un nuevo diálogo, pero no expresa de manera concreta cuales son las garantías ni cuál es la respuesta operativa a las demandas contenidas en los 10 puntos de la Agenda Nacional; tampoco hay manifestaciones claras de respeto y garantías para diálogo de buena fe ya que mientras en los medios se instala una supuesta voluntad de diálogo, en la calle se responde con represión, uso abusivo de la fuerza, criminalización”.
Por lo tanto, CONIAE solicita el “cese inmediato de las acciones de represión y criminalización; derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual Paro Nacional; cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario; que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos “inviables” para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano”.
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