Fotografía @MAPPOEA
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos -MAPP/OEA, encargada de monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, entregó el pasado miércoles 15 de junio su último informe al Consejo Permanente de la OEA, relativo al segundo semestre de 2021.
El “Trigésimo Segundo informe del Secretario General al Consejo Permanente” destaca logros y retrasos de la “construcción de paz” en Colombia y es fruto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento llevadas a cabo en 29 departamentos.
Dentro de los avances destacados, los “logros institucionales en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), el desminado humanitario, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y el acceso a la participación institucional de jóvenes y víctimas”.
El informe también señala avances en el operado de las entidades creadas por la justicia transicional, como “la entrega de informes por parte de las víctimas a JEP”, las investigaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y el trabajo de la Comisión de la Verdad, que se verá reflejado en su Informe Final, “como acciones que contribuyen a que las víctimas accedan a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”.
Por otro lado, la Misión señaló su preocupación por la persistencia de la violencia producida por los grupos armados ilegales, que tiene un grave impacto en las comunidades y que victimiza sobre todo a “liderazgos sociales y comunales; autoridades étnicas; mujeres; niños, niñas y adolescentes; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación, y servidores públicos”.
El Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca, fueron las regiones indicadas como más problemáticas. En ellas, patrones de violencia como homicidios, desplazamiento forzado, atentados, amenazas, extorsiones, control territorial, reclutamiento forzado de menores y “justicia de facto” siguen afectando sobre todo a la población étnica y migrante, alejando la posibilidad de una construcción efectiva de paz.
Haciendo referencia al Ejército de Liberación Nacional – ELN, el informe enfatizó que el mencionado grupo armado es importante “dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, instando al cese de los secuestros y a la liberación de los raptados, y a retomar los diálogos de paz, interrumpidos por el presidente saliente Iván Duque en 2019, luego del atentado contra la escuela de policía General Santander que produjo la muerte de 22 cadetes.
Finalmente, la Misión llamó al pueblo colombiano a seguir en la edificación de una “Paz Completa”, sobre todo en un momento de polarización y en la inmediatez de un nuevo ejecutivo, una paz que, como expresó Roberto Menéndez, jefe de Misión, “defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”.
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