Fotografía Miguel Estupiñán.
La Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura llevó a cabo, en la mañana del jueves 19 de mayo, en la ciudad vallecaucana, una rueda de prensa con motivo de la presentación de un informe, realizado en el marco de una misión humanitaria conjunta en Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura.
En la misión, que ha tenido lugar entre los días 15 y 18 de mayo, participaron varias organizaciones sociales nacionales e internacionales, entre otras la Pastoral social Cáritas Colombiana, CONPAZCOL, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, CODHES – Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Acción Permanente por la Paz, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La misión visitó los albergues donde se encuentran varias comunidades desplazadas en Buenaventura, así como en el Bajo Calima y Bajo San Juan, para verificar la situación de emergencia humanitaria, expresar solidaridad y obtener insumos para el desarrollo de propuestas interétnicas de mecanismos de autoprotección, en el marco de un eje humanitario que impulse “garantías de dignidad y protección, medidas de reparación colectiva y la no repetición”.
Dichas iniciativas representan una “respuesta de resistencia” de las comunidades frente al conflicto armado y al modelo de desarrollo que los expulsa de su territorio, y abarcan propuestas como albergues humanitarios, resguardos humanitarios, áreas de protección ambiental y biodiversas.
Encontramos que la población desplazada en Buenaventura, las comunidades negras e indígenas, están en condiciones de indignidad por culpa de la desatención del Estado. No tienen suficientes alimentos, ni garantías efectivas y adecuadas a los derechos a la salud y a la educación, con una parte de la población durmiendo en el suelo sin colchonetas.
Ante las graves condiciones humanitarias, el Estado no ha accionado de manera satisfactoria, ni siquiera, como denuncia la Juntanza, para asegurar “el mínimo vital” a las comunidades desplazadas, y en la falta total de enfoques diferenciales.
La presencia continua de actores y grupos armados produce la revictimización de la población desplazada, al punto que “está confinada en zona urbana, ha sido señalada, estigmatizada en los albergues sin que se hayan implementado medidas efectivas de protección”.
El Estado, señala el informe, es culpable de no reconocer tampoco la autoridad étnica, lo que, más que una vulneración al derecho en sí misma, hace imposible avanzar en el proceso de restablecimiento y goce efectivo de los derechos de las comunidades.
Como ejemplo, la mayoría de la población de las comunidades negras del Bajo Calima está desplazada forzadamente y las pocas familias que permanecen en el territorio están confinadas y atemorizadas por la agudización del conflicto armado, al punto que “el pánico, el terror y el miedo se respiran en el aire”.
En términos generales encontramos un etnocidio en curso contra las comunidades indígenas y negras del Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura, como consecuencia de ataque sistemáticos contra la vida y libertad e integridad, desplazamiento forzado y confinamiento, que rompen la relación con el territorio y con las prácticas ancestrales, el despojo del territorio para megaproyectos, intereses empresariales y economías ilegales.
La Juntanza constató que en esta situación las políticas públicas, sean a nivel local o nacional, no garantizan “el goce efectivo del derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad, ni la protección ni la permanencia en el territorio”. Gran parte de las medidas solicitadas por medio de la Unión Nacional de Protección, de hecho, han sido negadas por el Estado, y la mayoría de las que fueron otorgadas han sido individuales.
“Encontramos una situación generalizada o sistemática de incumplimiento y desacato de múltiples decisiones judiciales, como medidas cautelares de la CIDH, decisiones de la corte constitucional”.
Además de la grave situación humanitaria se registran consistentes daños ambientales en el Consejo Comunitario La Esperanza en Buenaventura, en situación de desplazamiento forzado ya desde hace 19 años, y afectado por los cultivos de uso ilícito, la actividad minera y la compraventa ilegal del territorio. A esto se suman las amenazas a los líderes y lideresas por exigir el cumplimiento de las medidas cautelares.
“Encontramos que han sido incumplidos todos los acuerdos asumidos por las entidades del Estado para garantizar los retornos en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad”.
Las exigencias de la Misión y las comunidades
La Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura, junto a las organizaciones que respaldaron la misión humanitaria exigen finalmente:
1) Declaratoria de la emergencia humanitaria en el distrito de Buenaventura urbano y rural;
2) atención integral y diferencial a las comunidades confinadas y desplazadas; una alimentación con enfoque diferencial y en cantidades suficientes; adecuación de albergues en condiciones dignas e diferenciadas; posibilidad de recreación y etnoeducación para niñez, adolescentes y jóvenes; espacios colectivos para ejercer las practicas ancestrales; que se garanticen entornos seguros para evitar confinamiento y revictimización en los albergues; que se garantice una atención concertada en salud integral.
3) Que la interlocución entre las autoridades étnicas y las entidades estatales se rija por el respeto a la autonomía y la autodeterminación como pueblos. Es imperativo que se erradiquen las actitudes, comportamientos o afirmaciones racistas, discriminatorias y autoritarias por parte de servidores públicos;
4) la implementación integral y efectiva del Acuerdo de Paz, en especial el capítulo étnico;
5) la firma de un acuerdo humanitario que reconozca las iniciativas y propuestas de construcción de paz desde los territorios;
6) retomar el dialogo con todos los actores y grupos armados que permitan salidas negociales;
7) a la Defensoría del Pueblo que emita una alerta temprana sobre la crisis humanitaria y el etnocidio en el distrito de Buenaventura;
8) a la propuesta de restitución de tierras del Valle del Cauca y Chocó, tomar decisiones contundentes para el cumplimiento de sus propias ordenes orientadas a la protección de los territorios de las comunidades, líderes, lideresas y autoridades étnicas del Bajo Calima, Bajo San Juan, Consejo Comunitario La Esperanza;
9) a las autoridades judiciales que cumplan con las sentencias de tutela emitidas a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, el cabildo Wounaan Nonam, el Consejo Comunitario Cabeceras, la comunidad Wounaan de Agua Clara y el Resguardo Indígena Wounaan de Río Pichimá Quebrada San Juan;
10) que se suspenda indefinidamente el estudio, tramite, otorgamiento y desarrollo de megaproyectos, y por lo tanto las consultas previas, mientras no exista plena garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y dignidad humana;
11) a la Procuraduría dar cuenta de sus investigaciones y sanciones, respeto a las responsabilidades de los servidores públicos, por sus acciones y omisiones en la garantía de los derechos de la comunidades desplazadas y confinadas;
12) al ministerio de Interior dar revisión, de manera urgente, de las medidas de protección colectiva aprobadas y que resultan insuficientes, inadecuadas e ineficaces;
13) al director nacional de la UNP implementar las medidas extraordinarias que requieren las autoridades étnico- territoriales afectadas por la crisis humanitaria;
14) a la delegada de las víctimas de la Procuraduría y la Defensoría, iniciar un acompañamiento para que la población desplazada conozca de manera detallada los derechos que tienen en relación con el retorno, la reubicación y la protección colectiva;
15) a las alcaldías y gobernaciones, implementar los planes de retorno y reubicación que se han presentado por las comunidades, teniendo en cuenta los principios de corresponsabilidad, subsidiariedad y complementariedad. A la corte constitucional, finalmente, una audiencia y seguimiento a la sentencia T025 y en particular a los autos 004 y 005 de 2009, 091 de 2017, 266 de 2017, relacionados con la política pública de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco del desplazamiento forzado. A la comunidad internacional ser garante para verificar y exigir la implementación de los acuerdos e iniciativas humanitarios.
“En medio de este panorama asolador y ante la indiferencia del Estado, las comunidades étnicas, indígenas y negras siguen en resistencia desde sus territorios o desde los albergues. Nos alegra haber sido testigos de sus capacidades comunitarias, desde lo espiritual, la danza, el teatro, la poesía, la música para afrontar los impactos de la guerra y desde ahí proyectar su vivir en el territorio. Por lo anterior, respaldamos la propuesta de eje humanitario a constituirse en los territorios del Bajo Calima, Bajo San Juan, Buenaventura y Cali como espacio de protección del territorio y de las vidas en medio del conflicto armado”.
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