Comunidad de Bajo Calima sigue viviendo en medio del conflicto armado. Fotografía Red Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZ.
Pesé a las afirmaciones de la Presidencia sobre los aportes de la «paz con legalidad» y «el que la hace la paga», en Colombia no cesa la violencia. De acuerdo a un reciente comunicado de la Misión de Observación Electoral, MOE, este periodo preelectoral ha sido el más violento en los últimos 12 años.
Desde varios meses, organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, han denunciado que en Buenaventura, Valle del Cauca, son múltiples las vulneraciones de DD.HH., sobre todo en contra de comunidades indígenas y afro.
De hecho, la Comisión ha denunciado el confinamiento, desplazamiento, amenazas y control territorial en el que se ha visto inmersa la población civil, como consecuencia de los constantes combates entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo o AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
Este miércoles 4 de mayo, la Juntanza Humanitaria por los Pueblos de Buenaventura, proceso apoyado por la Iglesia Católica y JYP, denunció que en la región del Bajo Calima siguen siendo afectados por el fuego cruzado de los armados que se disputan la zona. De ellos han padecido el terror de vivir en medio de ametrallamientos y detonaciones.
Dentro del llamado del proceso de comunidades étnicas, se señaló que desde la noche del domingo 1 de mayo, la comunidad La Colonia se encuentra en confinamiento debido a las agresiones que se dan entre los dos grupos irregulares. También se advierte del riesgo de desplazamiento que afectaría a la comunidad.
«Somos un pueblito, si nos tocan a uno, nos tocan a todos», indica el comunicado de las comunidades que pidieron respaldo de las instituciones y una ruta eficaz para la prevención de este tipo de vulneraciones.
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