La extradición viola derechos de víctimas según figuras políticas y comunidades. Fotografía ilustrativa Guillermo Torres / Semana.
El pasado viernes 29 de abril, el Consejo de Estado ordenó al presidente Iván Duque evitar provisionalmente la extradición del máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David o alias “Otoniel”.
La decisión fue tomada tras aceptarse la acción de tutela de comunidades étnico territoriales de varias regiones del país, quienes además han sido víctimas del exjefe paramilitar. Los accionantes y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que representa a las víctimas, celebraron ampliamente el fallo, que da un respiro a las víctimas ante una eminente extradición, que como afirman, vulnera los derechos de verdad, justicia y no repetición.
“No existe medio de defensa judicial efectivo para la protección de nuestros derechos fundamentales, toda vez que las víctimas no tienen participación en el proceso de extradición (…) básicamente éste es un trámite entre el Estado colombiano, el estado requirente y el procesado, donde legalmente no se encuentra prevista la participación de las víctimas”.
Expresaron las víctimas en la acción de tutela.
Según las víctimas, se teme se repita lo del año 2008, cuando jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos, extraditando además la verdad de los crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra que se cometieron en Colombia.
A la coyuntura, se han sumado voces de apoyo, como la del congresista electo, Iván Cepeda, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter se pronunció este lunes 2 de mayo, señalando que más que las herramientas tecnológicas que se puedan usar, pueden existir presiones para «callar a los extraditados».
La Comisión de justicia y Paz, ha señalado en varias ocasiones que no se busca impedir que el exparamilitar responda en el país norteamericano por los delitos de narcotráfico, pero piden que se respeten las contribuciones de verdad que este pueda ofrecer a las víctimas, más importante aún es que precisamente son las peticiones que han surgido desde los mismos territorios.
Otras voces insisten en que se “extradite la verdad” pese a las peticiones de las víctimas de “Otoniel”
Twitter se ha convertido en uno de los centros de debate sobre la extradición de alias “Otoniel”, en esta red social además de figuras públicas y ciudadanos, se han pronunciado líderes de los partidos de derecha, una de ellas es María Fernanda Cabal, una de las voces que piden que Úsuga sea llevado fuera del país.
Sin embargo, las afirmaciones de la también electa congresista, ponen nuevamente en riesgo a los y las defensoras de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, particularmente de su director Danilo Rueda y el sacerdote jesuita, Javier Giraldo.
Otros usuarios y usuarias, han señalado que existen intereses de fondo que buscan que el responsable de hechos victimizantes no responda ante las víctimas. Recordemos que en varias ocasiones existieron impedimentos de encuentro entre el exparamilitar y entes especiales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por ahora se espera la respuesta a la acción de tutela por parte del presidente Duque, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Fiscalía por medio del Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales.
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