Este lunes se informó de la masacre de por lo menos 4 jóvenes en el municipio de Balboa en Cauca. La masacre habría ocurrido este 17 de Abril en el corregimiento de La Bermeja, hasta donde habrían llegado hombres armados que obligaron a los jóvenes a bajar del vehículo en que se movilizaban y luego les dispararon hasta causarles la muerte.
Con esta sería la masacre #33 que se comete durante el 2022 ante los ojos del gobierno de Duque, que según analistas consultados por este medio, estaría más preocupado por la contienda electoral que por la violencia que se sigue exacerbando en el país, sobre todo en regiones como el Cauca, Putumayo y la zona del Catatumbo.
Según el Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, desde el año 2020 con el gobierno de Iván Duque se han cometido 217 masacres, 32 en lo corrido del 2022, con 830 víctimas. Esta situación se podría evitar si el gobierno estuviese enfocado en la implementación integral del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC y no solamente en la política de Paz con Legalidad que no ha evitado que se sigan produciendo víctimas.
Duque ha intervenido en política y fue denunciado ante la comisión de acusaciones de la Cámara
La semana pasada, el Senador Iván Cepeda, anunció que entabló una demanda por intervención en política contra Iván Duque, pues ha tenido múltiples intervenciones en las que hace clara referencia al candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico para «advertir» sobre la posibilidad de un gobierno progresista en Colombia. El senador también anunció que la denuncia se extiende a 7 alcaldes.
Además, el medio La Silla Vacía, publicó un reporte en el que pone en evidencia que Iván Duque está interviniendo en política y por tanto violando la ley. «En al menos 30 de ellos critica directamente a @petrogustavo sin mencionarlo y hace advertencias a empresarios, alcaldes y gobernadores.» asegura el medio en mención.
Varios sectores sociales y políticos han pedido a la Procuraduría y los entes de control que tomen cartas en el asunto, dado que de no hacerlo se estaría promoviendo la impunidad para este tipo de delitos y se estaría sentando y afianzando un muy mal precedente para la democracia en Colombia.
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