Aproximadamente 60 familias son víctimas de desplazamiento forzado en Putumayo. Fotografía ilustrativa José Miguel Gómez / Reuters.
La Comisión de Justicia y Paz, nuevamente denuncia la difícil situación que atraviesa la población del departamento de Putumayo como consecuencia de la presencia de las estructuras armadas Comandos de Frontera, Segunda Marquetalia y Frente Carolina Ramírez.
De acuerdo a la información de la organización, este sábado 12 de febrero y sobre las 12:00 p. m., la comunidad de la inspección de Arizona en el municipio de Puerto Caicedo, alertó sobre su desplazamiento de la ribera del río Picudo. «A esta hora por lo menos 60 familias, conformadas por más de 100 personas han salido desplazadas a la inspección y otras familias se desplazan hacia centros urbanos cercanos de manera silenciosa ante el temor a represalias», comunicó Justicia y Paz.
La Comisión además señala que este desplazamiento forzado puede ir aumentando, pues la comunidad aledaña La Independencia y comunidades del corregimiento de Piñuña Blanco en Puerto Asís han denunciado el temor en que se encuentran ante las hostilidades y enfrentamientos entre los grupos en disputa.
«El pasado 28 y 29 de enero, se presentaron enfrentamientos entre Carolina Ramírez y Comandos de Frontera en la comunidad de Nuevo Progreso y Dos Quebradas en límites entre Puerto Caicedo y Puerto Asís (…) La ceguera del gobierno de Iván Duque es responsable de la crisis Humanitaria que se vive en el corregimiento Piñuña Blanco y la inspección de Arizona, por el desconociendo la propuesta de Acuerdo Humanitario Global»
Expresó la Comisón de Justicia y Paz.
Dentro de las denuncias también se señala que los grupos armados han provocado confinamientos, impuesto restricciones de movilidad y ocupado bienes de la población civil. «Urge que ante esta irresponsabilidad ética y política de Duque, los Comandos de Frontera y el Carolina Ramírez, escuchen el clamor de comunidades rurales que proponen Acuerdo Humanitario Global. que permita detener las confrontaciones y salvar vidas de civiles y de los combatientes», pidió la organización defensora de los DD.HH, a los armados.
Por ahora, las comunidades siguen insistiendo en que los grupos armados legales e ilegales y el Gobierno Nacional escuche su propuesta de un Acuerdo Humanitario Global que no solo preserve la vida de la población civil, sino la de todos los combatientes.
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