Medidas cautelares para los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Fotografía ilustrativa CIDH.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz suma un nuevo logró en favor de la protección de los DD.HH. de las comunidades a las cuales representa. Este 1 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió la Resolución 5/2022 en la cual se plasman medidas cautelares en favor del pueblo indígena Embera Eyábida ubicado en los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó en el municipio de Murindó, Antioquía.
El 16 de septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Paz, presentó ante el organismo la solicitud de medidas cautelares ante el riesgo que padecían las comunidades indígenas que se encuentran «siendo objeto de actos de violencia, además de amenazas, hostigamiento, desplazamientos, y asesinatos por la presencia de grupos armados en la zona», específicamente por ELN y AGC.
Dentro de la resolución que le da la razón a la organización colombiana, se definió que tras considerar «que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Colombia que: adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición».
Otra de las ordenes de la CIDH es que se solicita al Estado colombiano a informar bien al ente dentro de un plazo de 15 días, contados desde el 1 de febrero, sobre «la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica». El órgano internacional, también aclaró que el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado «no constituye prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicable».
La Comisión de Justicia y Paz, denunció desde el año 2020 asesinatos en contra de la población civil, amenazas en contra de toda la comunidad y enfrentamientos entre grupos armados que ponían en riego a la población civil compuesta por unas 1.276 personas que integran 566 núcleos familiares.
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