Fallo de tutela finalmente a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán

_{Resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán. Fotografía Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.}

Enfrentamientos armados, control territorial y abandono estatal agravan la situación humanitaria de las comunidades de Calima, Bajo Calima, San Juan y Bajo San Juan en el departamento del Valle del Cauca. CONTAGIO RADIO tuvo acceso a un vídeo en el que se evidencian ráfagas de disparos entre los días 29 y 30 de enero.

Las impactantes imágenes retratan la violencia, angustia y zozobra de la que han sido víctimas centenares de familias que se vieron obligadas a entrar en confinamiento o desplazarse hacia el centro urbano de Buenaventura. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a la comunidad indígena Wounaan desde el año 2010, también ha denunciado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y niñas que se vieron obligados a abandonar nuevamente sus hogares y ahora no cuentan con derechos básicos como la alimentación o el agua potable.

Vídeo cortesía comunidades para Contagio Radio.

Desde hace dos meses y más de 10 días, la Comisión, informó del desplazamiento de más de 120 personas, entre ellas 45 niños y niñas. Siete meses atrás, la misma organización y las comunidades que acompaña, notificaron al Gobierno Nacional sobre la situación de riesgo en la que se encontraba la población civil ante la presencia de ELN y AGC.

El líder indígena, Guimer Quiro, denunció en Contagio Radio, las graves condiciones en las que se encuentran. En medio de una casa que fue asignada por organizaciones indígenas, con un número limitado de habitaciones en donde se ubican al rededor de 11 personas, sin agua potable, sin servicio de gas, sin alimentos dignos o enseres básicos. Guimer, además manifestó que,las mujeres indígenas se vieron obligadas a mendigar para brindar algo de comer a los más vulnerables de la comunidad.

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Ante la gravedad de sus condiciones y la constante indiferencia gubernamental, la Comisión de Justicia y Paz como representante de la comunidad interpuso una acción de tutela, que finalmente tuvo un fallo a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán. Se trata de la sentencia de tutela 2022-02 impartida por el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según el abogado de la Comisión de Justicia y Paz, Diego Manzano, con esta sentencia se protegen «los derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, derecho a la pervivencia de los pueblos indígenas, identidad cultural, territorio, autonomía, integridad física, salud con enfoque diferencial, acceso al agua potable y seguridad alimentaria de los habitantes del Resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán (…) resultado de una acción de tutela presentada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, debido a las condiciones inhumanas, degradantes y de hacinamiento en que se encuentra esta población indígena que se vio en la necesidad de desplazarse forzadamente hacia Buenaventura el 25 de noviembre de 2021».

Dentro de los reclamos de la organización están que la comunidad desplazada «padece una situación crítica por la escasez de alimentos que ha provocado que las familias sufran hambre y deban salir a las plazas de mercado a mendigar; falta de atención médica que ha generado enfermedades especialmente en los niños y las niñas; hacinamiento de la población en espacios estrechos; inexistencia de acceso al agua potable, entre otros factores que provocan una vulneración de sus derechos fundamentales», explicó el abogado.

Institucionalidad debe cumplir con el falo en 48 horas

El logro de las víctimas de este desplazamiento y de la Comisión de Justicia y Paz con esta tutela, significaría que las familias que ahora se encuentran en condiciones inhumanas, sean albergadas de manera digna como debió hacerse desde que la organización hizo públicas sus denuncias.

Dentro de las ordenes emitidas por el Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura, establecen la adecuación de un albergue en condiciones dignas que incluye acceso al agua potable, saneamiento básico (sanitarios, duchas), utensilios de cocina, prestación integral del servicio de salud, suministro de insumos de aseo, paquetes alimenticios que cumplan los requerimientos nutricionales de la población mientras la comunidad se encuentre en condición de desplazamiento forzado.

«Esta decisión es importa pues en el proceso de apoyo que realiza la Comisión de primera mano se ha podido constatar la grave situación en que habita el Resguardo Humanitario y Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán quienes desde el 3 de diciembre hasta la fecha no han recibido agua potable para aseo personal, preparación de alimentos, consumo por lo que el agua es reutilizada y muchas veces contaminada. También se ha podido documentar que los paquetes alimentarios no cuentan con las características acordes a la nutrición de esta comunidad, los bonos entregados por la Alcaldía y la Unidad de Víctimas son insuficientes y a pesar que estas instituciones aseguran que deben durar por el lapsus de un mes, se tiene conocimiento que hasta el momento las familias no tienen con que alimentarse por lo que muchas de ellas han optado por acudir a la limosna en las plazas de mercado», manifestó el abogado Diego Maznzano.

La Comisión también señaló que dentro de las obligaciones del Estado estará la atención médica, pues ante la «falta de un albergue adecuado, han provocado enfermedades respiratorias en casi todas las personas afectando especialmente a los niños y niñas donde 5 de ellos han tenido que ser ingresados de urgencias a hospitales por el grave estado de salud en que están».

Manzano también señaló que estas ordenes «están vigentes mientras dure el desplazamiento forzado de la comunidad, pues se espera que de manera conjunta y articulada garantizando los principios de seguridad y protección está comunidad pueda retornar con garantías a su territorio».

El Resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán ha sido víctima de otros dos desplazamientos

La Comisión de Justicia y Paz, además del acompañamiento jurídico que hace a la comunidad indígena Wounaan, realiza un apoyo psicosocial y ambiental. La organización también señaló que des 2010 acompaña a estas comunidades que fueron víctimas de un primer desplazamiento el día 4 de agosto.

En ese momento JyP, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, «quienes otorgaron la medida cautelar M.C355-10, donde se le ordenó al Estado de Colombia garantizarles la vida e integridad física de esta comunidad. Este instrumento ha servido para que la comunidad se declare como un Resguardo Humanitario Y Biodiverso que se inspira en el DIH (Derecho Internacional Humanitario]) para proteger a la población civil contra los peligros procedentes de operaciones armadas y desde un carácter ambiental proteger y salvaguardar el ambiente como parte de la identidad de este pueblo».

Si embargo, la Comisión denuncia que después de esto se presentaron dos nuevos desplazamientos, el segundo en el año 2017 y el último en el 2021. «Los incumplimientos por parte del Estado Colombiano han sido numerosos (…) la institucionalidad colombiana no ha cumplido con sus funciones, se han excusado en la falta de presupuesto para el distrito de Buenaventura, en el alto número de comunidades desplazadas producto de los enfrentamientos entre ELN, AGC y Fuerza Pública, razón por la cual ya de entrada el panorama plantea que ni los entes distritales, departamentales y nacionales cumplirán la sentencia, razón por la cual la Comisión de Justicia y Paz en trabajo articulado con la comunidad desplazada una vez se cumpla el término que dio el juez para ejecutar las ordenes y si están no se han cumplido se procederá con la interposición de incidentes de desacato como lo dispone la norma», aseveró Diego Manzano.

La Comisión de Justicia y Paz que alertó sobre el desplazmiento de al menos 1.200 personas en esa región del país, también indicó que esta comunidad al ser beneficiaria de medidas cautelares tiene una verificación periódica por parte de la CIDH, que termina siendo un ente que inste al Estado a cumplir con su responsabilidad de proteger a las familias indígenas.

Por ahora, la comunidad que forma parte del proceso comunitario Somos Génesis, que también es acompañado por la Comisión, exige que se lleve a cabo finalmente su propuesta de un Acuerdo Humanitario Global que salvaguarde la vida de todos los combatientes de grupos legales e ilegales y de la población civil.