Comunidades de San Juan y Calima se encuentran en medio de la zozobra por los recientes asesinatos. Fotografía Comisión de Justicia y Paz.
Pese a las denuncias frecuentes de la Comisión de Justicia y Paz y las comunidades indígenas y afro, el Gobierno continúa sin dar respuesta al conflicto que se vive en San Juan y Calima. Este jueves 27 de enero, la organización que ha acompañado el proceso en esa región del país denunció que nuevamente se presentan desplazamientos forzados y confinamientos.
La Comisión de Justicia y Paz, señaló que solo entre el 17 de enero y el 26 de enero han sido desplazadas 1.200 en el caserío La Colonias del Consejo Comunitario del Bajo Calima. La organización de DD.HH. precisó que en su mayoría son mujeres, hombres, niños y niñas afrodescendientes que «se desplazaron forzadamente hacia la ciudad de Cali y Buenaventura y otras ciudades como Buga y Tuluá».
Aunque las cifras de afectados y afectadas es alarmante y más ante la ineficacia estatal, en los caseríos Kilómetro 12 y el 9, también se desplazaron decenas de personas, cifra exacta que aun no logra ser conocida. Dentro de las motivaciones de estos centenares de desplazados y desplazadas está el temor y la zozobra que viven diariamente con la presencia del grupo heredero del paramilitarismo y autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las restricciones e imposiciones de los armados.
Justicia y Paz, también señaló que, el pasado lunes 17 de enero, cuatro jóvenes fueron víctimas de asesinato en medio de operaciones de las AGC, lo que obligo a las comunidades negras e indígenas a huir de sus territorios. El jueves 20 de enero, la comunidad denunció ante la Comisión que se vieron flotando sobre las aguas del río San Juan, cerca a las comunidades de Puerto Pizario, Unión San Juan y Puerto Guadualito lo que serían dos cuerpos de algunos de los jóvenes asesinados.
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El Estado perdió el control de San Juan y Calima
Una de las mayores críticas de la Comisión de Justicia y paz, que además se presenta desde hace varios meses a través de sus informes es la indiferencia estatal y su casi nula presencia en los territorios. La única fuerza gubernamental que «atiende» lo que sucede actualmente es la Armada Nacional.
«Esta situación desvirtúa la afirmación de la Armada Nacional que dice tener controlada la región garantizando seguridad a las comunidades con su presencia en la zona. La libre movilidad de las AGC sin ningún tipo de impedimento evidencia una deficiente acción institucional para desmantelar esta estructura heredera del paramilitarismo y evidencia en determinadas localidades la tolerancia y unidad de acción con estructuras de fuerzas militares», expresó la organización.
Las comunidades que también han visto prohibiciones en el transporte público y comunitario fluvial entre San Juan y Calima, también han sido ignoradas por el Gobierno nacional a quien se le ha insistido desde marzo de 2020 en que escuche a las más de 160 procesos organizativos de todo el país que promueven de la mano de la Comisión de Justicia y Paz un Acuerdo Humanitario Global.
«Es absolutamente repudiable la indiferencia del presidente Duque ante la desprotección en el que viven las comunidades étnicas de Bajo Calima, Calima, san Juan, Litoral San Juan, que se están desplazando forzadamente. Un número de 26 de comunidades que se mantienen en el territorio se han declarado en condición de confinamiento en medio de la disputa territorial entre las actuaciones contra insurgentes de la Armada y las AGC y las operaciones de la guerrilla del ELN».
Por ahora, la organización clama por que el presidente Iván Duque de cumplimiento integral del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP, preserve la vida de combatientes legales e ilegales y sobre todo atienta humanitariamente a la población civil, con el fin de «evitar daños irreparables en nuestro país».
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